L D (EFE)
En su sentencia, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena también a los tres a indemnizar a los herederos de Broseta con 800.000 euros por los daños morales causados por su muerte, aunque deniega la petición del abogado de la familia de indemnizar a los herederos por "lucro cesante" porque, aunque resulta "indiscutible" que el catedrático percibía "elevados ingresos económicos", sus hijos eran ya mayores de edad cuando ocurrió el atentado.
La Sala absuelve además a los etarras del delito de asesinato frustrado del que les acusaba el fiscal por las heridas que sufrió un policía al tratar de desactivar el coche-bomba que los terroristas dejaron en su huida, porque, a pesar de que éste delito aparece probado "con nítida claridad", no se procesó a ninguno de los tres por ello y por tanto dicha figura delictiva también está "ausente de los decretos extradicionales", concedidos por Francia.
Según el relato de hechos probados, "Pakito" integraba en 1991 la cúpula de ETA y como jefe de los grupos fichados ese año configuró, para la comisión de actividades criminales en Cataluña y Levante, el grupo "Ekaitz" bajo el liderazgo de Urrusolo y compuesto por otros cuatro etarras divididos en dos grupos. "Txelis, "de acuerdo con Múgica", era el encargado de la selección de objetivos y como tal llegó a confeccionar "una larga lista compuesta por 37 futuras víctimas que guardaba en una base de datos del ordenador que utilizaba" y que fue intervenido en 1992 a raíz de la desarticulación de la cúpula etarra en Bidart (Francia).
En esa lista figuraba el nombre de Manuel Broseta junto a su cargo de "secretario de Estado para las autonomías" que "veraneaba en los chalets del Togalet en Javea" y así, los dos dirigentes etarras, "de acuerdo con los designios de la cúpula de ETA", decidieron acabar con su vida "al considerarlo objetivo primordial por su gran relevancia" como "miembro del Consejo de Estado español, responsable de la Ley de armonía de las autonomías y miembro del Consejo de Administración de numerosos bancos españoles".
"Pakito" y "Txelis" pasaron entonces al grupo "Ekaitz" la información sobre sus horarios y costumbres y Urrusolo, como dirigente de este grupo, encargó el atentado que deberían perpetrar el 15 de enero de 1992 cuando el catedrático saliera de impartir sus clases en la facultad de Derecho, situada en la Avenida de Blasco Ibáñez de Valencia.
La Sala absuelve además a los etarras del delito de asesinato frustrado del que les acusaba el fiscal por las heridas que sufrió un policía al tratar de desactivar el coche-bomba que los terroristas dejaron en su huida, porque, a pesar de que éste delito aparece probado "con nítida claridad", no se procesó a ninguno de los tres por ello y por tanto dicha figura delictiva también está "ausente de los decretos extradicionales", concedidos por Francia.
Según el relato de hechos probados, "Pakito" integraba en 1991 la cúpula de ETA y como jefe de los grupos fichados ese año configuró, para la comisión de actividades criminales en Cataluña y Levante, el grupo "Ekaitz" bajo el liderazgo de Urrusolo y compuesto por otros cuatro etarras divididos en dos grupos. "Txelis, "de acuerdo con Múgica", era el encargado de la selección de objetivos y como tal llegó a confeccionar "una larga lista compuesta por 37 futuras víctimas que guardaba en una base de datos del ordenador que utilizaba" y que fue intervenido en 1992 a raíz de la desarticulación de la cúpula etarra en Bidart (Francia).
En esa lista figuraba el nombre de Manuel Broseta junto a su cargo de "secretario de Estado para las autonomías" que "veraneaba en los chalets del Togalet en Javea" y así, los dos dirigentes etarras, "de acuerdo con los designios de la cúpula de ETA", decidieron acabar con su vida "al considerarlo objetivo primordial por su gran relevancia" como "miembro del Consejo de Estado español, responsable de la Ley de armonía de las autonomías y miembro del Consejo de Administración de numerosos bancos españoles".
"Pakito" y "Txelis" pasaron entonces al grupo "Ekaitz" la información sobre sus horarios y costumbres y Urrusolo, como dirigente de este grupo, encargó el atentado que deberían perpetrar el 15 de enero de 1992 cuando el catedrático saliera de impartir sus clases en la facultad de Derecho, situada en la Avenida de Blasco Ibáñez de Valencia.