La comisión considera que las descalificaciones de distintos responsables políticos a las actuaciones del juez Marlaska "sobrepasan los mínimos cánones de respeto y racionalidad", por lo que pidió respeto para el magistrado. Además, recuerda que "la crítica de las resoluciones judiciales resulta siempre lícita y deseable en un Estado de Derecho, pero no permite ni puede amparar los ataques personales ni la deslegitimación de los jueces y magistrados titulares del Poder Judicial".
Por todo ello, -finaliza el acuerdo- "el CGPJ hace una llamada al respeto que merecen en todo caso las resoluciones adoptadas por los integrantes del Poder Judicial y solicita que las críticas que se realicen a propósito de ellas no traspasen los límites que impone el principio de división de poderes inherente al Estado de Derecho". López hizo hincapié en que este acuerdo se realiza con "carácter general", no se refiere a "nadie en concreto", "ni a una declaración concreta", sino que "estamos valorando ese cúmulo que se ha producido de declaraciones de representantes de partidos políticos y de diputados".
Preguntado sobre los votos en contra López contestó que tanto Campo como Aguiar han manifestado que "gran parte de esas declaraciones se asentaban en el ejercicio libre de las críticas a las resoluciones judiciales y como tal debían de ser asumidas y aceptadas". "Lo que pedimos en el fondo es que cuando se critiquen las resoluciones judiciales se haga desde la racionalidad y con criterios técnicos", concluyó López, quien destacó que "los jueces no deben de ser descalificados".