El PP que en 2001 aprobó el Plan Hidrológico Nacional ha tenido que negociar hasta el último minuto para conseguir lo que en su día nadie ponía en duda: un discurso “único y nacional” en materia de agua. Hoy las cosas son distintas.
A media mañana, se reunían en el Congreso de los Diputados María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Ramón Luis Valcárcel. Éste último había acudido a las Cortes a redoblar la presión para que la reforma de Estatuto de Castilla-La Mancha no dañara los intereses de Levante. Mariano Rajoy y Francisco Camps aguardaban noticias desde un segundo plano.
El objetivo: alcanzar un texto de consenso que entregar al PSOE en la Comisión Constitucional, que votaba a las 16:00 horas la reforma estatutaria. Al final, todos cedían: el presidente Valcárcel conseguía que se eliminara cualquier término semejante a “reserva” o “depósito”, la secretaria general de los populares -y, en esos momentos más importante, presidenta del PP de C-LM- lograba fijar “las necesidades” de agua de la región en “4.000 hectómetros/cúbicos”.
“¡Fumata blanca!”, exclamaron entonces desde el Grupo Popular, donde se había instalado la idea de que el PP llegaría fracturado a la votación, corroborándose así que del espíritu del PHN ya no quedaba nada. Pocos minutos antes de arrancar la comisión, el ponente de la formación, Arturo García Tizón, presentaba la última propuesta a los suyos:
"El agua como fuente de vida y soporte natural de actividades humanas de gran trascendencia económica y social para nuestra Comunidad no puede ser regulada como un bien comercial sin más, sino como un patrimonio que hay que proteger y defender.
Castilla-La Mancha siempre ha defendido una gestión sostenible de los recursos hídricos que hiciese compatible la satisfacción de las necesidades propias con la solidaridad de otros territorios de España.
A estos efectos, la Junta de Comunidades ha decidido que las necesidades de agua para un desarrollo equilibrado y sostenible de C-LM asciende a 4.000 hectómetros/cúbicos/años, a fin de alcanzar los objetivos medioambientales que establecen las normativas vigentes y conforme al principio de prioridad de las cuencas cedentes que establece la legislación vigente".
El PP le daba la vuelta a la tortilla y el PSOE se veía en la tesitura de respaldar el texto, que convertiría de inmediato a Cospedal en la triunfadora de la aprobación, o de rechazarlo, poniéndose así en contra a sus dirigentes levantinos, muy proclives a la última propuesta popular. Pedían un receso.
Treinta minutos en los que, según las fuentes consultadas por Libertad Digital, el ponente socialista, Alejandro Alonso, llamaba al presidente castellano-manchego, José María Barreda, para informarle de la jugada de los populares. El barón del PSOE era tajante: “no habrá acuerdo, que se devuelva a las Cortes”. Y así lo transmitió a Alonso nada más arrancar de nuevo la comisión: “la propuesta es claramente inaceptable e insultante”. O en otras palabras: caían en saco roto más dos años y medio de negociación.
La votación era la siguiente: el dictamen de la reforma del Estatuto del PSOE -que incluía el polémico término “reserva”- salía adelante por un solo voto a favor, la contrapropuesta del PP era finalmente tumbada. Para poder ser votada en el pleno, ambas formaciones tenían que llegar a un acuerdo habida cuenta de que los partidos nacionalistas, por decencia, se habían apartado del proceso.
Inmediatamente después, Barreda anunciaba la retirada del texto estatutario al no haberse logrado el consenso y la guerra dialéctica también estaba servida ante el estrepitoso fracaso. El número dos del PSOE en el Congreso, Eduardo Madina, acusaba a Cospedal de “matar” el Estatuto. La secretaria general de los populares replicaba que el PP ha hecho “extraordinarios esfuerzos” para llegar a un acuerdo pero Barreda “no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha tenido sentido común”.
Ya en clave interna, Cospedal sacó pecho: “el discurso del PP en materia de agua es único y nacional”. En hasta tres ocasiones fue preguntada por este extremo en una improvisada rueda de prensa en la Carrera de San Jerónimo, a lo que siempre contestó: “es la postura de todo el PP, me he reunido en todo el mundo como es mi obligación, soy secretaria general del partido”.
Su entorno era aún más contundente: “hemos forzado la maquinaria hasta el final, pero lo hemos conseguido”. Y es que, a su juicio, Cospedal volvía a hacer valer su cargo de número dos y “metía en vereda” a los suyos. En Levante negaban la mayor: "Barreda vuelve triunfador, no existe estatuto".
Peleas internas que sólo hacen constatar, ante un Rajoy desaparecido, que los principios del PP, también en materia de agua, parecen tocados de muerte.