La Plataforma, que no entra a valorar el derecho al autogobierno por parte de Cataluña, se muestra preocupada por el Título I del Estatuto, ya que de él "se desprende un contenido ideológico doctrinario" y "asume unos planteamientos teóricos muy concretos sobre cuestiones en las cuales no existe consenso social". Para ellos es inaceptable que "la opción para más autogobierno no puede llevar implícito tener que aceptar las expresiones doctrinarias doctrinarias que amparan realidades incluso delictivas en algunos casos como el aborto voluntario (art. 41.5, "salud reproductiva") o la eutanasia (art. 20)".
El Pacto señala que el Proyecto del nuevo Estatuto catalán "obvia toda referencia a la formación religiosa cuando habla de la formación humana del alumnado", así como cuando habla de la memoria histórica de las personas que han sufrido persecución, evitando mencionar a las que lo han sido por su religión. "El hecho religioso no existe" en el Estatuto, lamentan los firmantes, "ni como libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades (art. 16 de la Constitución), ni como hecho histórico, cultural y social. Incluso se afirma que en las escuelas de titularidad pública la enseñanza es laica (art. 21.2), expresión que puede conducir a una política laicista y discriminatoria hacia las diversas creencias que hay en nuestra sociedad".
La Declaración agradece la consideración a las familias numerosas, aunque "echamos de menos la referencia prioritaria a la institución matrimonial, la maternidad y la maternidad", mientras que dedican más amplio espacio a las "uniones estables de pareja y convivencia", sin definir familia ni matrimonio. El Pacto señala también que "a pesar de que es elevado el número de derechos que incluye, cuando se habla de los derechos de los niños (art. 17) no se reconoce el derecho a tener un padre y una madre, hombre y mujer".
La Plataforma señala a su vez "dos graves omisiones", como son la del principio de subsidiariedad y "la realidad flagrante de la pobreza", que queda relegada a los servicios sociales". El Pacto apunta también que "la pretensión de regular hasta el detalle la vida de un pueblo es expresión de una ideología intervensionista que no respeta el necesario protagonismo de las personas y de la sociedad civil".