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Piden investigar el permiso de la funcionaria que fue con Garzón a EEUU

Los abogados que se querellaron contra Garzón por cobrar 203.000 dólares cuando estuvo en EEUU han presentado una denuncia ante el juez de guardia contra la consejería de Justicia de Madrid por conceder el permiso a la funcionaria judicial que actuó de asistenta personal del juez.

L D (Europa Press) Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón –impulsores de la querella presentada contra Garzón por el cobro de 203.000 dólares durante su estancia por estudios en EEUU– han presentado una denuncia ante el juez de guardia en Madrid contra la Consejería de Justicia de esta comunidad autónoma, como autoridad administrativa responsable del permiso a la funcionaria judicial que hizo la función de asistenta personal del juez Garzón durante su permiso por estudios en Nueva York.

En su denuncia, que amplía una anterior presentada el pasado día 13, los abogados consideran que un permiso de estudios para funcionario "no puede ocultar una ilegal condición de asistenta personal de otro funcionario que está en permiso por estudios", por lo que lo sucedido supone un "claro atropello de la legalidad administrativa, con posible prevaricación o hasta malversación de caudales públicos".

Aclaran que la denuncia no se dirige contra la funcionaria sino contra la autoridad, que en un principio se creía era el Ministerio de Justicia y luego ha resultado ser la Consejería madrileña de Justicia.

Dicen en su denuncia que la funcionaria interesada, que obtuvo igualmente un permiso de estudios por 9 meses "para viajar a Nueva York y servir de asistenta al funcionario judicial Baltasar Garzón", presentó ante la Consejería una invitación de la Universidad de Nueva York "que presumiblemente le gestionó el favorecido por el permiso, el señor Garzón".

Solicitan que los hechos sean investigados y manifiestan su intención de cooperar en el procedimiento como acusación particular o popular "por cuanto como ciudadanos se ven perjudicados por un posible delito de desvío de fondos públicos o de adopción de resolución injusta con trascendencia patrimonial".

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