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REACCIONES: "El Estado de Derecho ha muerto"

Las víctimas del terrorismo, que hace sólo cinco días se concentraban para pedir que el asesino de 25 personas cumpliera íntegramente la pena, han lamentado que el Gobierno haya cedido al chantaje etarra. El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, ha señalado que el "Estado de derecho ha muerto en España" y ha pedido la dimisión de Zapatero. La Fundación DENAES ha convocado concentraciones este viernes a las20.00 horas frente a todos los ayuntamientos de España. La AVT denuncia "una de las mayores traiciones a las víctimas".
El terrorista que se alimenta de atentados

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Última protesta de la AVT. Foto FDV (LD)

L D (Agencias) El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, ha señalado que el "Estado de derecho ha muerto en España" con la decisión del Gobierno socialista por lo que es "deseable y exigible" la dimisión del presidente Zapatero. Esa petición, ha continuado Buesa, se justifica por "la cesión al chantaje" clarificada en "la aplicación poco rigurosa de la legislación penal, incumpliendo un compromiso con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo". EN un coloquio en Telemadrid con otros tres socialistas no dudo en llamar al voto de castigo contra Zapatero: "Llamo a todos los ciudadanos a que echen a este Gobierno".

Mikel Buesa ha explicado que "para la obtención de un tercer grado en España, primero hay que haber progresado del primer al segundo grado, y también hay que haber respondido pluralmente a la responsabilidad civil en la que se haya incumplido". En cuanto a la calificación de su situación como "enfermedad grave", ha indicado que el etarra incumple las condiciones porque "su salud depende de sus propias decisiones".

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado que los beneficios otorgados al terrorista demuestran que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está cediendo al "chantaje de la banda terrorista ETA-Batasuna". La asociación subraya que la decisión tomada por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "supone una de las mayores traiciones a las víctimas y a la sociedad".

La europarlamentaria socialista Rosa Díez aseguró esta noche sentir "vergüenza" y "humillación" ante la decisión adoptara por la Dirección de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, de conceder cárcel atenuada para el etarra Iñaki de Juana Chaos, quien hoy abandonó la huelga de hambre que ha llevado a cabo desde el pasado 7 de noviembre.

Durante un coloquio con víctimas del terrorismo celebrado en Burgos en el que estuvo acompañada por tres socialistas -Mikel Buesa y Maite Pagazaurtundua, Díez señaló que como "española" y "militante socialista vasca" se siente en "la obligación" de denunciar la forma de actuar del Gobierno, una actitud que calificó de "peligrosa y una cesión ante el chantaje de la banda terrorista ETA". "Habrá quien nos trate de vender esta decisión con argumentos humanitaristas y habrá quien nos diga que es una decisión valiente. No es huamanitarismo, es cobardía. Eso es lo que es", concluyó.
 
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, ha considerado que la decisión del Gobierno es "uno de los mayores errores" cometidos por el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero. En declaraciones a Efe, Zaplana dijo que esta medida es una "falta de respeto absoluto" a la voluntad de los españoles, manifestada "de forma inequívoca". Además, insistió en que también supone un "desprecio" hacia las víctimas de los terroristas y "uno de los mayores errores que ha podido cometer el Gobierno".
 
El diputado del PP y ex ministro de Justicia, José María Michavila, ha dicho que la reforma del Código Penal del 2003 "obliga al Gobierno" a no conceder beneficios penitenciarios a terroristas que no rechazan la violencia y ha recordado que el etarra "no está enfermo" sino que trata de suicidarse para "chantajear" al Estado.
 
En declaraciones a Antena 3, Michavila ha apuntado que su partido y el PSOE, entonces en la oposición, acordaron la reforma penal del 2003 para que los terroristas condenados "no pudieran salir nunca de la cárcel", mientras cumplieran su condena, "si no rechazaban el terrorismo y pedían perdón".
 
Ante la campaña de los medios afines al Ejecutivo, tratando de comparar esta decisión con otras excarcelaciones durante los Gobiernos de Aznar, Michavila ha reconocido que ene sa época hubo terroristas que obtuvieron prisión atenuada por enfermedad, tras lo cual ha aclarado que De Juana "no está enfermo" sino que "se está tratando de autosuicidar para chantajear a nuestra democracia y que doblegue el Imperio de la ética y de la Ley".
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó que "hoy tenemos la desgracia de comprobar que el presidente del Gobierno de España ha cedido al chantaje de un asesino terrorista y ha decidido excarcelarle. Que no se nos diga que es legal, también era legal en el caso de Miguel Ángel Blanco y Ortega Lara; y que no se nos diga que era para salvarle la vida", aseveró la presidenta, que recibió un prolongado aplauso de los diputados del PP.

Entre llamadas al orden de la presidenta del Parlamento, Concepción Dancausa, para que hablara de las listas de espera quirúrgicas, Aguirre insistió en que "ningún Gobierno de España hasta hoy había cedido al chantaje de ningún terrorista" y concluyó que "hoy es un día muy triste para la democracia española; después del 23-F, el más triste de todos".
 
Reto al Estado
 
En una rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha declarado que la prisión atenuada supone una decisión acertada que, "desde luego, no vulnera la legalidad". Ha recordado también que "no hace mucho tiempo" el secretario general del partido, Patxi López, manifestó que la postura de la formación es que "en aplicación de la legalidad vigente y puesto que entendemos que el Estado es el máximo responsable de la vida, en este caso del señor De Juana, debía propiciar una postura de prisión atenuada". Sin embargo, agregó que "es algo que tendrá que decidir el Ministerio y la Dirección general de Instituciones Penitenciarias".
 
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, dijo que "es el primer caso de nuestra historia judicial en el que una situación voluntariamente buscada por un preso produce una consecuencia jurídica". El portavoz del Consejo recordó que a fecha de hoy todavía no ha sido notificada la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al etarra a tres años de prisión por un delito de amenazas, rebajando así la sentencia de 12 años y siete meses que previamente le había impuesto la Audiencia Nacional, por lo que, dijo, "la valoración desde el ámbito del Poder Judicial no puede ser ni positiva ni negativa".

También señaló que esta decisión "puede ser revisada en un futuro por jueces". "Se ha decidido que cumpla condena de una manera específica que no corresponde ni encaja en ninguno de los grados previstos en la Ley, y esto lo permite el Reglamento General Penitenciario", concluyó.
 
Satisfacción de ERC
 
El portavoz parlamentario de ERC, Agustí Cerdá, ha expresado el apoyo sin reservas de su grupo a la "valiente" y "arriesgada" decisión del Gobierno de conceder el segundo grado penitenciario al etarra José Ignacio de Juana Chaos. En rueda de prensa en el Congreso, Cerdá ha aventurado que la medida tendrá "desgraciadamente" y "como mínimo" repercusiones políticas, dada la postura del PP.

Sin embargo, considera que la decisión se ajusta a derecho. La enmarca, además, en una acción "humanitaria" con un preso que está "físicamente grave". Cerdá ha expresado su admiración personal hacia los gobernantes que "cogen los problemas por los cuernos y los torean", en alusión al ministro Rubalcaba, que ha dicho haber asumido personalmente la decisión. "No cualquiera tiene el coraje y la valentía" de tomar una decisión como la del ministro.

Insuficiente para el Gobierno vasco
 
Minutos después de la comparecencia de Rubalcaba llegaba la reacción del Gobierno vasco. La portavoz, Miren Azkarate ha dicho que el Ejecutivo de Vitoria "no admite que se responsabilice a las instituciones vascas sobre la situación penitenciaria de De Juana. Depende del Gobierno español y es a él al que corresponde acabar con este despropósito".
 
El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha expresado el respaldo de su grupo a la decisión de Interior por tratarse de una medida "impecable" jurídicamente –porque cuenta con todos los avales– y "muy aconsejable" desde "el punto de vista humanitario" porque un Estado democrático "tiene que velar por la vida de los reclusos que están bajo su custodia".
 
El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán, criticó la prisión atenuada a De Juana Chaos, de quien señaló que "ha coaccionado al Estado de Derecho y ha obtenido resultados", al tiempo que insistió en que el Gobierno "no puede seguir negociando con ETA". En declaraciones a Europa Press Televisión, Gavilán apuntó que De Juana "ha recibido privilegios mientras ha hecho la huelga de hambre y ha tenido a una persona de confianza junto a él las 24 horas del día", algo que no ocurre con los demás presos en España.
 
"Se ha diferenciado a De Juana con el resto de reclusos, y nos encontramos con un asesino con 25 asesinatos que ha hecho lo que ha querido, y que a los pocos años está en la calle", explicó. Al mismo tiempo, auguró que, ahora que el etarra ha sido trasladado a San Sebastián y va a depender de la prisión de Martutene (Guipúzcoa), "en unas semanas va a estar en la calle dando conferencias y dando mítines y siendo un autentico mártir de la izquierda abertzale".
 
Para Gavilán, la decisión que el Ministerio del Interior ha adoptado con De Juana "es una vergüenza", y desde el CEP es entendida como una condición impuesta por ETA para que la organización terrorista "siga negociando con el Gobierno. "El Gobierno quiere seguir negociando con ETA, pero ocurre que ETA no quiere negociar con el Gobierno", dijo. Desde el CEP se criticó que "cada vez que el Gobierno impone a la organización terrorista una cláusulas, la organización pone una bomba y el Gobierno retrocede". "Estamos ante un Gobierno débil que da la espalda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las víctimas y el Estado de Derecho", concluyó.
 
El presidente de Cantabria lamentó "profundamente" la decisión de Interior, afirmó que la decisión genera "alarma social" y declaró estar "profundamente indignado". Miguel Ángel Revilla  destacó que la decisión del Gobierno "trata de evitar la muerte decidida voluntariamente por este siniestro personaje, que sin embargo no dio ninguna opción a las 25 personas a las que asesinó y que, por desgracia, no tuvieron como él la posibilidad de elegir entre vivir y morir".
  
Revilla subrayó que De Juana es "un asesino múltiple y un psicópata que ha matado a 25 personas sin dar la más mínima señal de arrepentimiento" y añadió que debería cumplir "íntegra y con todas las consecuencias" la pena que le fue impuesta por los jueces. El presidente cántabro reiteró que los terroristas "merecen condenas más extremas que cualquier otro delincuente y deben cumplirlas en su integridad".

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