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Torrijos, el comunista de la mariscada, imputado en el caso Mercasevilla

El líder y candidato de IU en Sevilla, actual teniente de alcalde, ha sido imputado en el escándalo de Marcasevilla.

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La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha resuelto la imputación del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, candidato de IU-CA a la alcaldía y exvicepresidente de la sociedad mixta Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, en las diligencias incoadas en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos del mercado central de abastos.

Los derechos de superficie de los terrenos fueron adjudicados a Sanma Desarrollos Urbanísticos, filial del grupo constructor Sando, pese a que concurría una oferta superior por parte del grupo Noga y la juez atisba una "responsabilidad y activa participación" de Rodrigo Torrijos en la lonja e "indiciariamente y de modo especial" en el citado concurso.

En un nuevo auto rubricado el pasado 4 de abril y recogido por Europa Press, la juez Alaya profundiza en la investigación incoada en cuanto al concurso mediante el que Sanma Desarrollos Urbanísticos se alzó con los derechos de superficie de los suelos del mercado central de abastos de Sevilla, pese a que al procedimiento promovido para enajenar estos terrenos concurría una oferta superior del grupo Noga. Se trata, en concreto, de una de las líneas de investigación promovidas por la juez Mercedes Alaya en torno a la gestión de la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa y sometida a estas indagaciones desde que, a comienzos de 2009, fuese descubierto un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a manos de Fernando Mellet y Daniel Ponce, por aquel entonces director general y director adjunto del mercado central de abastos.

En estas diligencias, la juez ya sumaba otras 15 imputaciones anteriores a la de Rodrigo Torrijos, figurando entre los imputados el exgerente de Urbanismo, Manuel Marchena, el vigente gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, el exconcejal y expresidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo; los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce; el ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente del grupo constructor Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.

También están imputados en esta línea de investigación la directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales; el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Emilia Barrial Chamizo, y el aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera.

De regreso a este nuevo auto, la juez ha admitido en la causa, "como parte perjudicada", a la asociación de mayoristas de fruta y hortalizas del mercado central de abastos de Sevilla, accionista minoritario de la sociedad mixta gestora de la lonja al poseer el 0,168 por ciento del capital social. El gremio de mayoristas de fruta y hortalizas, a través del despacho de abogados Salas & Donaire, promovía su personación en la causa formulando además denuncia contra el primer teniente de alcalde del Consistorio hispalense y ex vicepresidente de la compañía, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), por un posible delito societario. Y es que de los hechos investigados, según los mayoristas de fruta, se deducía un "perjuicio económico" para Mercasevilla, que cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros y que ha saldado 2010 con 381.560 euros de pérdidas.

Precisamente sobre el papel de Antonio Rodrigo Torrijos en Mercasevilla, Mercedes Alaya entiende que, "del resultado de las pruebas practicadas, se deduce su responsabilidad y activa participación en los asuntos de la referida unidad alimentaria e, indiciariamente y de modo especial, en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos de la misma a Sanma, por lo que merced a tales pruebas y la denuncia del gremio de mayoristas de fruta y hortalizas, resuelve "instruir" al primer teniente de alcalde el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "como imputado", pidiéndole así que designe a un abogado y a un procurador. Antonio Rodrigo Torrijos, como se recordará, fue miembro tanto del consejo de administración del mercado central de abastos, como se su comisión ejecutiva.

Dado el caso y "habida cuenta de su condición de imputado", la juez señala que "no ha lugar" a la petición del PA, también personado en las diligencias, para que Rodrigo Torrijos fuese llamado a declarar como testigo. Igualmente, y tras haber declarado también como imputado el pasado 16 de marzo gerente de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, Miguel Ángel Millán, la juez reclama "nuevamente" a su departamento "copia íntegra y compulsada" de los expedientes relativos a la urbanización de la parcela UA-AE-4 del mercado central de abastos y de la licencia de primera ocupación concedida a Sanma sobre los edificios levantados en tales suelos.

Finalmente, la juez reclama a la Policía Judicial que informe "sobre el departamento o servicio de la Gerencia de Urbanismo encargado de revisar la finalización de las obras de urbanización con carácter previo al otorgamiento de la licencia de primera ocupación", interesándose además por las personas responsables de tales labores en las fechas sujetas a investigación. De hecho, solicita la juez en concreto que la Policía Judicial averigüe "si el técnico que inspeccionó dichas obras fue Alfredo Delmo Suárez".

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