L D (Agencias) Cándido Conde-Pumpido había citado al fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, y al responsable de la Fiscalía en Avilés, Jesús Villanueva. Además, en la reunión estuvo presente uno de los miembros de esta sede, quien explicó que, "en torno a febrero de 2003 recibió un comentario verbal por parte de un oficial de la Guardia Civil respecto de la existencia de alguna persona que, al parecer, vendía de forma ilegal material explosivo sobrante de las explotaciones mineras".
Según el fiscal, "la información facilitada era de carácter genérico, sin concretar hechos ni personas, y ante el deficiente nivel indiciario presentado no se acordó ninguna actuación por parte del Ministerio Público, que tampoco fue solicitada" por la Guardia Civil.
Del Olmo también lo refleja en dos autos judiciales
El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, que investiga los atentados del pasado 11 de marzo en Madrid, ha afirmado en dos autos que el confidente del Instituto Armado Rafa Zouhier alertó a su contacto en la Benemérita de una posible venta de explosivos en Asturias en enero de 2003, pero no de los preparatorios del 11-M.
Durante la reunión, los fiscales asturianos explicaron a Conde-Pumpido su actuación en este caso y "la problemática que existe en Asturias por el uso fraudulento de dinamita". El fiscal general les ha pedido que la Fiscalía asturiana se implique en mayor medida en el control de los explosivos, y ha dado instrucciones para que el Ministerio Público intensifique su comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargadas de garantizar el uso adecuado de materiales explosivos.