El informe ha sido elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal que investiga la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, llegó a las portadas digitales de El Mundo y El País este jueves por la tarde y ocupa las primeras planas de ambos diarios este viernes. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechazó en su día incluirlo en la investigación.
Según lo publicado por ambos diarios, el informe revela que la empresa Orange Market de Francisco Correa y Álvaro Pérez “El bigotes” mantenía una facturación doble con el PP valenciano. De esta forma, el PP repartía los pagos a esta empresa en dos cajas. La A conocida como Alicante era la oficial y los pagos se efectuaban con IVA, pero con un coste inferior al real. El resto iba a la caja B, llamada Barcelona.
El informe recoge así mismo que esto era dirigido por la cúpula del PP valenciano. En concreto se refiere a los dos hombres fuertes de Camps: El secretario general del partido, Ricardo Costa, y el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla. Según el informe el PP mantenía una deuda con Orange Market tanto en la caja A como en la B, y el Bigotes se dirigía directamente a Costa y Rambla para solicitar los pagos. De hecho, el informe se refiere a Ricardo Costa como “canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero”.
Además de Costa y Rambla, el informe destaca la “estrecha relación” con la trama corrupta de David Serra, vicesecretario de organización del PPCV, y Yolanda García Santos, tesorera del partido.
En el documento se detalla además el modus operandi que habría utilizado el PP para pagar con dinero negro a la trama corrupta. Por un lado, contrataciones administrativas concedidas a dedo desde el gobierno valenciano y, por otro, a través de aportaciones directas de empresas a las que se compensaba también con la concesión de contratos públicos.
De acuerdo con lo publicado por elmundo.es, algunos de estos empresarios serían Enrique Gimeno, presidente de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa y sobrino de uno de los vicepresidentes del Consell, Juan Cotino; o Luis Batalla, del grupo LUBASA. En el informe policial se dice textualmente que "una factura de un acto realizado para el Partido Popular se transforma en otra emitida para empresas privadas como Ortiz e Hijos o Facsa y cambios en la descripción del concepto de servicio prestado".
El informe, que se basa en la documentación intervenida a la trama corrupta de Correa, fue enviado a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), pero este decidió devolverlo a la Brigada de Blanqueo de Capitales, al entender que no tenía relación con la causa valenciana del caso Gürtel –que fue archivada en junio– y que al ser presentado por la Policía, sin que nadie lo pidiese, no puede considerarse una denuncia.
El País reproduce de nuevo conversaciones telefónicas
Dentro de la amplia información que ofrece sobre este informe policial, El País reproduce este viernes por enésima ocasión conversaciones telefónicas entre alguno de los protagonistas de la trama, especialmente entre Álvaro Pérez, el famoso “bigotes”, diversos responsables del PP; entre éste y Francisco Correa; y también con Pablo Crespo, número dos del grupo empresarial de Correa.
En ellas destaca la conversación en la que Pérez cuenta a Crespo lo que le ha dicho a “la dama” en “el laboratorio”, términos que según El País harían referencia a la esposa de Camps y la farmacia que regenta en el centro de Valencia.
También destaca una conversación de Pérez con Ricardo Costa en la que el número dos del PP en la Comunidad Valenciana afirma, siempre según la información de El País, que va a pagar las deudas que mantienen con la empresa pero que el pago debe hacerse sin el conocimiento de Francisco Camps: “Entre mañana y el viernes te doy lo que te falta (…) pero necesito que el presidente no lo sepa”.
"Elemento de cautela sobre la veracidad"
El periódico El Mundo, por su parte, editorializa sobre el tema, cosa que por cierto no hace El País, en un artículo que lleva el expresivo título "O tendrá que irse Camps o tendrá que irse Rubalcaba" en el que empieza por afirmar que "lo primero que hay que establecer es un elemento de cautela sobre la veracidad de este informe realizado por una unidad policial que depende del Ministerio de Interior”.
Sin embargo, señala que los supuestos delitos descritos en la información son importantes: “Si esto es así, evidentemente no estamos hablando ya del regalo de cuatro trajes sino de una red de corrupción en toda regla”, lo que exigiría “hoy mismo una explicación pública tanto en Madrid del máximo responsable del PP, Mariano Rajoy, como en Valencia del presidente de la Generalitat y líder del partido, Francisco Camps. Y si Rajoy no puede acreditar que se trata de una completa falsedad, lo que debe hacer sin dilación es crear una comisión interna de investigación, como hizo Aznar en el caso Naseiro”.
Además, el editorial termina señalando que “Solamente hay dos posibilidades: o lo que dice el informe es falso y ha sido un montaje urdido por mandos policiales o lo que dice el informe es sustancialmente verdadero. Lo primero implica la dimisión de Rubalcaba y lo segundo, la de Camps”.