(Libertad Digital) Entre la reunión del Equipo Técnico de la Prisión y la resolución del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria transcurrieron "escasísimas horas", señala el sindicato CSI-CSIF en un comunicado de prensa.
El trámite comienza con el dictamen técnico, prosigue con la reunión de la Junta de Tratamiento de la Prisión, que eleva una propuesta a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que aprueba una propuesta de resolución y la traslada al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria para que resuelva.
El proceso "para cualquier otro tipo de interno suele tardar entre uno y dos meses, aproximadamente", ha indicado CSI-CSIF, que cree que la cesión del Gobierno a De Juana ha encerrado "una vulneración flagrante del Artículo 14 de la Constitución Española y del Artículo 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria", que se refiere al "Principio de Justicia e Igualdad" de todos los internos del sistema penitenciario español.
El mismo sindicato subraya que el Artículo 100 del Reglamento Penitenciario, en el que se basó el Gobierno para excarcelar a De Juana, está pensado para conceder beneficios humanitarios a "violadores, drogodependientes y enfermos mentales, no existiendo ningún programa específico a fecha de hoy para tratar" a De Juana, asegura CSI-CSIF.
El artículo del Reglamento que permitió sacar de prisión a De Juana exige "una fundamentación" del caso, "estructuras, objetivos, programación y revisión periódica por parte de los profesionales, no existiendo a fecha de hoy" ninguna de esas condiciones en el expediente del terrorista de ETA.
Según denuncia esta organización de funcionarios, se ha creado "una injusticia social y una desigualdad sin precedentes, en los derechos fundamentales de la población reclusa del Estado".