L D (EFE) La sentencia establece que el Ayuntamiento de Oyarzun no tiene competencias para intervenir en los controles de las Fuerzas de Seguridad ni para "crear señales como la pretendida", con el lema "Kontz Kontrola" (Control Peligro). El acuerdo del consistorio guipuzcoano fue adoptado el 2 de octubre de 2002, a iniciativa de las Gestoras pro Amnistía, y recurrido posteriormente por la Abogacía del Estado, a instancias de la Delegación del Gobierno en el País Vasco.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV establece que el fin de esa moción era "de naturaleza política" y que tendía "directamente a obstaculizar el legítimo e imprescindible actuar de la Administración del Estado a través de la Guardia Civil".
Añade que este acuerdo no puede considerarse "sólo como manifestación de la libertad de expresión", sino que fue un acto administrativo "cuyo contenido contraviene el ordenamiento jurídico". El Tribunal sostiene que esta medida, ahora anulada, formaba parte de "un plan preconcebido en cuyo desarrollo se han sucedido diversas actuaciones por varios ayuntamientos" de la Comunidad Autónoma.
La sentencia recuerda una anterior actuación del Ayuntamiento de Ondarroa (Vizcaya) en la que solicitaba la retirada de las Fuerzas de Seguridad, "el cese de los controles policiales y hacer todo lo posible para lograr estos fines".
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV establece que el fin de esa moción era "de naturaleza política" y que tendía "directamente a obstaculizar el legítimo e imprescindible actuar de la Administración del Estado a través de la Guardia Civil".
Añade que este acuerdo no puede considerarse "sólo como manifestación de la libertad de expresión", sino que fue un acto administrativo "cuyo contenido contraviene el ordenamiento jurídico". El Tribunal sostiene que esta medida, ahora anulada, formaba parte de "un plan preconcebido en cuyo desarrollo se han sucedido diversas actuaciones por varios ayuntamientos" de la Comunidad Autónoma.
La sentencia recuerda una anterior actuación del Ayuntamiento de Ondarroa (Vizcaya) en la que solicitaba la retirada de las Fuerzas de Seguridad, "el cese de los controles policiales y hacer todo lo posible para lograr estos fines".