¿Alcalde o presidente?

Cuando los norteamericanos voten dentro de 16 días por George W. Bush o Al Gore, habrán elegido un presidente pero habrán seguido los criterios que corresponden a la selección de alcaldes.

Es porque el sistema federal norteamericano pone en manos de las autoridades locales la mayoría de las decisiones fiscales y administrativas, pero la dinámica política ha ido concentrando tanto poder en el gobierno federal que los presidentes se ven envueltos en disputas locales de las que muchas veces ni siquiera tienen noticia.

Ni los leones marinos, ni los gansos canadienses, ni el volumen de construcción municipal, parecen cuestiones a la altura de la oficina presidencial, pero son problemas como estos, generalmente relacionados con el medio ambiente, los que motivan a muchos electores a apoyar a un determinado candidato.

Lo malo para Al Gore es que la mayoría de estas cuestiones están relacionadas con su tema preferido, que es el medio ambiente y tienen la virtud de llevar a la práctica la tensión teórica entre el poder federal y el local. Los electores acostumbran a reaccionar de manera diferente a escala nacional y local: cuando se trata de ideas abstractas sobre la defensa en general, o en algún lugar remoto, de especies amenazadas o del medio ambiente, los ciudadanos se inclinan por las medidas protectoras. Cuando estas medidas se han de tomar en sus distritos, les molesta el mal olor de los leones marinos o la enorme masa de excrementos de los gansos canadienses, o las limitaciones a la construcción. En el caso de los leones marinos, los habitantes de la costa pacífica encuentran a estos animales en sus aparcamientos públicos y no los pueden alejar para no importunarlos. En cuanto a los gansos, invaden zonas residenciales donde es imposible caminar con calzado normal a causa de los abundantes residuos de estas aves.

En muchos casos, estas medidas se toman de manera estrictamente local, pero el tono general de protección ambiental sale de la Casa Blanca y de las posiciones de Gore, que muchos consideran radicales, presentadas en su libro "Earth on Balance". En otros casos, como la prohibición de extraer petróleo de Alaska o utilizar recursos mineros, las normas vienen directamente de Washington en forma de "orden ejecutiva".

También aquí se reflejan las dos filosofías demócrata y republicana: Gore, como los demócratas en general, apoya un poder central fuerte que dicte desde Washington la política educativa, los niveles de contaminación ambiental, los límites de velocidad en carretera o los derechos de la pareja homosexual a beneficiarse de programas sociales. Bush se adhiere a los principios republicanos federalistas de "devolución" de autoridad a los estados, según décima enmienda de la Constitución, que reserva a los estados "todos aquellos poderes no delegados explícitamente al gobierno central".

En tiempos de crisis, los norteamericanos tienen pocos reparos en que Washington tome las riendas y después de la Guerra Civil, la Depresión y las dos guerras mundiales, el gobierno central ha ido asumiendo una serie de poderes que la constitución no le atribuye. En eras de bonanza como la actual, los ciudadanos resienten las normas de Washington como una imposición elitista de 535 legisladores y un presidente que determinan cómo han de vivir sus compatriotas a miles de kilómetros de distancia, en unas condiciones bien diferentes de las cómodas oficinas de la ciudad-jardín que es la capital norteamericana.

Irónicamente, Gore sale perjudicado por la misma bonanza en que basa su lema de "mantener la prosperidad" y los electores le responsabilizan por sus quejas contra la administración local. George Bush, en cambio, atrae a estos descontentos con su declarada "desconfianza" ante Washington y su insistencia en los "responsables locales", a lo que se suma su ventaja de que, por no estar en la Casa Blanca, es inmune a la erosión de poder.

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