AENA es la titular-dueña de los slots de los aeropuertos españoles, que están cedidos, abrumadoramente, a Iberia, que es la empresa prácticamente monopolista del tráfico aéreo en España, donde los pilotos, agrupados en el SEPLA, constituyen un sindicato defensor de sus intereses, sin ninguna consideración con los de los consumidores.
El conflicto de los pilotos de Iberia es, pues, un enfrentamiento entre un sindicato todopoderoso y un monopolio empresarial que, a su vez, descansa en la concesión pública a este monopolio de la utilización de unos derechos de tráfico aéreo limitados.
El poder del SEPLA sería menor si Iberia tuviera competencia, pero no puede haberla si AENA no retira derechos de utilización de tráfico a Iberia.
Y la situación será la misma si Iberia, finalmente, se privatiza, porque aunque la compañía esté en Bolsa, el poder de los pilotos seguirá siendo abrumador, hasta tal punto que no parece sensato permitir la cotización pública de la compañía sin haber resuelto --al menos en parte-- este problema.
Iberia es un ejemplo más de empresa monopolista en su sector, en el que la privatización no sirve para solucionar los problemas derivados de ese monopolio; con el agravante de la posición predominante de los pilotos, que por su papel insustituible al mando de los aviones consiguen una remuneración privilegiada frente a los otros colectivos que trabajan en la compañía, hasta tal punto que ponen en peligro la rentabilidad y el futuro de la empresa.
Y, sin embargo, es un caso de sector monopolizado que es posible resolver en parte, dando acceso a otras empresas tan competentes y seguras como la propia Iberia –lo que significa dar entrada a las de otros países— para que constituyan un contrapeso tanto a Iberia como a los pilotos.
La iniciativa tendría que partir de AENA, para que pudiera aumentar al máximo posible el número de slots disponibles, bien por ampliación de los existentes, bien por recuperación de los que Iberia no utilice adecuadamente. A continuación, debería procederse a una subasta pública de esos derechos de vuelo.
No creo que haya otra alternativa a largo plazo. Aunque, a corto, lo lógico sería que Iberia solicitara oficialmente a los tribunales competentes la declaración de encontrarse con una situación de huelga ilegal por parte de los pilotos –por no convocada ni permitida por la autoridad competente— que, además, afecta a un servicio público y que la compañía pudiera proceder –en consecuencia— a aplicar la legislación vigente, que incluye entre las sanciones posibles la expulsión de los dirigentes del sindicato.
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