Algo chirría en la Ley del Menor. Las niñas que mataron a Clara García han sido condenadas a 8 años de internamiento porque la Ley no permite una pena mayor. Y es que el espíritu de esta nueva legislación es más reeducativo que punitivo. Hasta aquí, perfecto.
Lo que no se entiende es por qué las autoridades no han proporcionado los medios materiales y personales para culminar ese espíritu reeducativo de la Ley del Menor. A la hora de la verdad, las dos jóvenes de San Fernando cumplirán una reducidísima pena de internamiento porque se pretende reinsertarlas en la sociedad. Sin embargo, estas dos delincuentes no tendrán el equipo necesario de psicólogos, pedagogos y psiquiatras; eso cuesta mucho dinero y los centros de menores no están ni siquiera terminados.
Es una realidad virtual, por ejemplo, la existencia de seis centros de internamiento diferentes que contempla la Ley para distintos tipos de penas; realidad virtual porque todavía no se han materializado esas modalidades de reclusión.
Además, la Ley prevé medidas alternativas, por ejemplo, la libertad vigilada si el joven condenado presenta un buen comportamiento. ¿Quién realizará a partir de ahora el seguimiento de las dos jóvenes gaditanas? Los fiscales están hartos de pedir jueces de vigilancia de menores. Mientras tanto, la Administración asumirá ese seguimiento del delincuente a través de entidades privadas. Las dos chicas de San Fernando saldrán en libertad dentro de 7 años y medio (ya han cumplido 6 meses en régimen preventivo). ¿Estarán para entonces reeducadas? Se comprende que, hoy, los padres de Clara García se sientan impotentes.
Algo falla en la ley del menor
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