Cabe preguntarse dónde estaría hoy Gusinski si, en lugar de ser un magnate de la comunicación, se tratase de un simple empresario sin apoyos. Al leer el auto por el que la Audiencia Nacional niega su extradición, más de uno sentirá un sabor agridulce: dulce porque nuestra justicia está impidiendo que este hombre caiga en las redes de Putin; pero también agrio porque una vez más se ha constatado que, con poder y dinero, se consigue casi todo.
Gusinski y el despacho de Garrigues han conseguido modificar la doctrina de la Audiencia Nacional en materia de extradiciones. Hasta ahora, los tribunales españoles se regían por el sistema continental que impide al estado requerido (en este caso España) comprobar la exactitud de las pruebas presentadas contra el extraditable. Sin embargo, y en este caso, la Sala no ha dudado en entrar a valorar los documentos aportados por la justicia rusa.
Dicen los jueces que en esta ocasión había que extremar las garantías ante las sospechas de una persecución política. La pregunta es si esas mismas garantías también se extreman al máximo cuando el extraditable se llama Pepito Pérez y no tiene un abogado de renombre.
Además, si son ciertas esas sospechas por la actuación de la justicia rusa, ¿por qué se permitió a ese país firmar el Convenio Europeo de Extradición? Si se duda de su capacidad para cumplir con los mínimos legales, Europa no debió aceptar a ese Estado en un tratado internacional; o, en cualquier caso, España pudo hacer constar sus reservas. Y como no lo hizo, pacta sunt servanda.
Gusinski y el poder
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