La Ley de Bono no gusta al gobierno de los jueces. En su reunión de este miércoles, los vocales que integran la Comisión de Estudios han coincidido en que publicar los nombres de los maltratadores puede ser una medida más demagógica que eficaz. Advierten de que incluir las listas de los condenados por violencia doméstica puede vulnerar derechos fundamentales, como el de la intimidad.
Una cosa es hacer público en sentencia que una persona ha sido condenada por pegar a su mujer y otra cosa distinta es, según los jueces, el uso posterior que se pueda dar a esa información. Los vocales argumentan en su informe que la Ley de Bono podría vulnerar, además, el derecho a la protección de datos.
La cúpula judicial plantea también dudas sobre las competencias: las comunidades autónomas no son competentes para legislar asuntos que abordan la violencia doméstica. El informe del gobierno de los jueces no es vinculante para Bono. El presidente de Castilla-La Mancha puede seguir adelante con su ley, pero ahora ya sabe que contará con la oposición del CGPJ.

Una idea de demagogo
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