“Lo que se hizo estaba dentro de mis funciones. Mi función era garantizar la reelección de Fujimori, y eso se logró, sin importar los medios. Lo que interesaba era el fin”, dijo al ser capturado Vladimiro Montesinos, el hombre más poderoso y, a la vez, el más corrupto de la historia republicana del Perú.
Luego de más de siete meses de búsqueda y detenido en el país donde siempre se supo que estaba, a Montesinos le esperan más de 40 procesos judiciales y está comprendido en cerca de cien investigaciones por parte de la Fiscalía. Su caso, sin lugar a dudas, debe convertirse en un megaproceso judicial en el que, a diferencia de las atrocidades perpetradas en el régimen fujimorista, se le respetarán sus derechos y podrá defenderse. Como debe ser. Hasta el más pérfido hampón tiene derecho al debido proceso.
Pero lo más importante del apresamiento del ex asesor presidencial es que va a permitir profundizar las investigaciones sobre los nexos y vínculos con su socio y cómplice, Alberto Fujimori, actualmente prófugo de la justicia e insólitamente protegido por el gobierno de Japón. Su testimonio, en la medida en que provea información que pueda constatarse, podría facilitar la extradición de Fujimori.
No obstante, la principal lección que debemos extraer con el arresto de Montesinos es que quien delinque y abusa del poder termina preso y sin gloria. Como se ha dicho, “no hay poder eterno y mucho menos si se basa en el delito y la ilegalidad”.
A Vladimiro Montesinos, quien controló todas las instituciones del Perú, como el Poder Judicial, el Congreso, las Fuerzas Armadas y Policiales, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, la SUNAT, la SUNAD, la Contraloría, los medios de comunicación y, por cierto, los servicios de inteligencia, le tocó su hora. Por lo tanto, la sanción que reciba debe ser ejemplar y la máxima que prevé la ley para que el mensaje quede claro: quien comete crímenes abusando del poder debe ser drásticamente castigado.
Los delitos cometidos por el socio de Fujimori, quien amasó una fortuna que supera los 250 millones de dólares, comprenden cerca del 50 por ciento del Código Penal peruano. Abarcan desde delitos contra el patrimonio, contra la autoridad pública, de peculado, concusión, extorsión, chantaje, delitos contra la administración de justicia, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, usurpación de funciones, incumplimiento de deberes, corrupción, tráfico de influencias, falsificación de documentos, falsedad genérica, hasta lavado de dinero, tráfico de armas y terrorismo, por su participación en masacres y violación de derechos humanos, contra la vida, el cuerpo y la salud.
Las investigaciones en su contra han implicado a más de 500 personas, entre las que se encuentran civiles, militares, políticos, periodistas y empresarios. Del total de acusados, 187 han sido enjuiciados, 46 presuntos cómplices están detenidos, 11 tienen arresto domiciliario y se busca a otros 37.
Cayó el alfil, ahora falta Fujimori.
Pedro Salinas es corresponsal en Lima de la agencia de prensa © AIPE.
Ahora falta Fujmori
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