El inicio del gobierno de Alejandro Toledo en Perú no sólo es el fin de la transición del presidente provisional Paniagua, sino el comienzo de una nueva etapa política marcada por singulares desafíos.
El primero de ellos apunta a la consolidación de las instituciones democráticas luego de un largo período en que éstas fueron permeadas por la arbitrariedad de quien encabezaba el gobierno. Existía un Poder Judicial y un Poder Legislativo controlado a través del soborno como práctica habitual. Las autoridades electorales perdieron su independencia para quedar subordinadas a los intereses gubernamentales. La consolidación de las instituciones democráticas no solo conlleva el abandono de la corrupción como instrumento de control, sino avanzar en una reforma constitucional que fundamente con absoluta claridad una efectiva autonomía de los poderes del Estado.
El segundo desafío consiste en trabajar, de manera consensuada con otros actores, en el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. No hay democracia sólida posible sin la existencia de partidos fuertes, permanentes y creíbles. Ciertamente que en esto la propia sociedad civil debe hacer su aporte para revalorizar estas entidades y los partidos, a su vez, mostrar señales de renovación. Tras el gobierno de Alan García, los partidos cayeron en un descrédito, que fue útil para el autoritarismo fujimorista, del cual no se han recuperado.
Un tercer desafío es garantizar una estrategia de desarrollo sustentada en el libre mercado, única vía posible para superar los agudos problemas económicos, sobre todo, reducir de la pobreza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Los inversionistas extranjeros recuperarán la confianza en la medida en que el presidente Toledo resuelva los perfiles contradictorios que trazó durante la campaña electoral.
Un cuarto desafío es afirmar su liderazgo presidencial, huyendo del populismo y del paternalismo, debilitadores del sistema democrático. En definitiva, las tareas del presidente Toledo se sitúan en dos niveles: el inmediato, relacionado con la administración misma del país, y el de largo plazo, que consiste en refundar las bases de una convivencia democrática duradera.
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