De la Comisión de Investigación sobre Gescartera pueden sacarse muchas conclusiones, salvo la que extrae el propio Gobierno por boca de Pío Cabanillas, esto es, que el Gobierno “ha salido claramente reforzado”.
Confundir la afasia e ineptitud que la oposición exhibió en la Comisión con la supuesta solidez de los argumentos que Rato y Montoro han ofrecido en descargo de sus responsabilidades, sería lo mismo que creer a Felipe González cuando dijo que se enteró por la prensa de los desmanes de sus subordinados directos. Fue por aquellas fechas cuando Rato acuño el principio de culpa in eligendo para depurar responsabilidades políticas. Hasta hoy, no existen pruebas concluyentes de la responsabilidad directa de González en la financiación ilegal del PSOE, en el caso de los fondos reservados o en la organización de los GAL. Sin embargo, fueron estos asuntos los que le costaron al PSOE la pérdida del poder, precisamente en virtud de ese principio, siempre presente en las valoraciones de los ciudadanos de las democracias sanas a la hora de elegir gobernantes.
Con ser muchísimo menos grave el caso Gescartera, si se compara con el abismo de corrupción en el que había caído el PSOE tras catorce años de gobierno, la actitud del actual Gobierno, que ha sustituido de facto ese concepto amplio de la responsabilidad política que mantenía en la oposición por el jurídico-formal de la presunción de inocencia, empieza a parecerse sospechosamente a la del PSOE cuando éste ocupaba el poder, sobre todo si tenemos en cuenta la trapacería de última hora, consistente en agrupar las preguntas y las respuestas en las comparecencias de Rato y Montoro; aunque, vista la habilidad interrogatoria de la oposición, el PP podría haber prescindido de ella.
Es posible –quizá hasta probable- que ni Rato ni Montoro tuvieran nada que ver directamente con el caso Gescartera y que se enterasen de la estafa cuando ya no había remedio. La oposición quizá haya errado el objetivo al centrar su atención con exclusividad en los negocios particulares de Rato, algo que el propio Vicepresidente preveía. Podría especularse con la posibilidad de que el diario El Mundo, principal sostén mediático del Gobierno, publicara el asunto del crédito del HSBC a instancias de Rato como señuelo para que la oposición se desgastara inútilmente en un asunto colateral –de ahí la tesis del “reforzamiento” gubernamental. Pero lo indiscutible–suponiendo la inocencia de Rato y Montoro- es que algo falló en los mecanismos de comunicación del Gobierno. No es admisible que Camacho se paseara por el mundillo financiero blasonando de “buenos contactos políticos” para engordar la estafa, mientras que Rato y Montoro sesteaban en sus despachos. En el mejor de los casos, hay que achacarles la incapacidad de crear las condiciones necesarias para que la información fluyera hacia “arriba”, haciendo imposible esa caciquil frase intimidatoria, tan típicamente hispana, de “usted no sabe con quién está hablando”, o “no te metas con fulano, que está muy bien relacionado”.
Esta es, precisamente, una de las consecuencias perversas de la falta de transparencia y de la intolerancia ante la crítica dentro de cualquier organización. Nadie se atreve a destapar los asuntos que pudieran afectar, directa o indirectamente, a los jefes, porque todos los miembros de la organización saben que quien “levanta la liebre” lleva todas las de perder. Quizá sea por esto por lo que el principal candidato para suceder a Aznar, sea el propio Aznar... al menos de momento.
Gescartera "refuerza" al Gobierno
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