Salud fiscal

Después de tanto lío con eso de la tasa autonómica sobre el precio de las gasolinas, al final todo ha quedado en agua de borrajas. Los consejeros autonómicos se negaron a ser ellos quienes aprobaran la imposición a los consumidores de esa tasa con el fin de financiar la sanidad pública. El "no" vino motivado por la impopularidad de semejante medida. Si los ciudadanos protestaron abiertamente contra la subida del precio de las gasolinas, a pesar de que estaba justificada por el fuerte alza de la cotización del petróleo y por la debilidad del euro frente al dólar, que no harían si se hubieran llevado a cabo los planes de Hacienda.

Desde luego, los consejeros de Economía ni han querido comprobarlo ni tampoco asumir el coste político que semejante medida hubiera implicado para ellos y para los Gobiernos regionales que los han colocado en sus puestos. Y es que, al final, esto de la corresponsabilidad fiscal en que se basa el nuevo modelo de financiación autonómica funciona, al menos en lo que se refiere a no subir los impuestos. Ahora sólo falta el segundo paso, que es llevar a los Ejecutivos autonómicos a reformar el gasto público en general, y el sanitario en particular, para evitar tener que tomar medidas impopulares y ellos mismos dotarse de margen para reducir la presión fiscal en el futuro.

Mientras tanto, Hacienda ha optado por una segunda fórmula, que es la actualización con el IPC del impuesto especial sobre hidrocarburos, lo que tampoco constituye ninguna novedad. Este impuesto llevaba congelado varios años y ya estaba previsto actualizarlo con la inflación en el proyecto de presupuestos para 2002 que se tramita actualmente en las Cortes. Por tanto, lo que ha propuesto Montoro apenas tiene nada de novedoso excepto la posible afectación de ese incremento a la financiación de la sanidad pública. Y es que el Estado tampoco quiere asumir el coste de subir impuestos sobre todo cuando el PP ha prometido, por activa y por pasiva, bajarlos en esta legislatura como hizo también en la pasada.

Al final, por tanto, todo ha quedado en una especie de pelea que ha servido para comprobar que la corresponsabilidad fiscal puede funcionar y que las Administraciones Públicas tienen dificultades para hacer frente al gasto sanitario en las condiciones actuales y las que se avecinan en el futuro. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar a la conclusión de que la reforma de esta partida presupuestaria es ineludible?

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