Domingo Cavallo se marchó de Washington con una buena y una mala noticia. La buena, que no habrá bancarrota nacional porque en nuestro mundo globalizado una quiebra así arrastraría a otras muchas otras naciones y la mala, para los argentinos, que ellos pagarán la factura.
Las penurias económicas de Argentina vienen de lejos, de cuando Perón se hizo con el poder dilapidando las reservas financieras del Estado. El arraigo del peronismo entre los descamisados ha sido una hipoteca para todos los Gobiernos siguientes, que no han sabido o podido resistir a la demagogia que les ha hecho gastar lo que no tienen.
El actual ministro argentino ha prometido al Fondo Monetario Internacional y demás instituciones financieras mundiales que tomará el amargo jarabe del retorno a la realidad. Es decir: reducción draconiana del gasto público, refinanciación de la deuda, mayor presión fiscal y una devaluación mínima del 20% del peso. Eventualmente, incluso se podría llegar a aceptar una dolarización real de la política monetaria del país tras la mentada devaluación.
Cuando el Estado no tiene en sus arcas más que facturas por pagar, los enormes sacrificios económicos que rebajan la calidad de vida a niveles casi tercermundistas recaen exclusivamente sobre los ciudadanos. Las consecuencias sociopolíticas son fáciles de imaginar, si se toma como muestra la violencia de las manifestaciones callejeras cuando la austeridad no ha hecho más que empezar. Para esta crisis, el FMI no tiene receta.
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