El ministro italiano de Reformas, Humberto Bossi, líder de un país inventado (Padania), acaba de anunciar el final de la prostitución callejera mediante la creación de eros-center en los centros de la ciudades. Algunos grupos sociales y religiosos sobre todo los clérigos, obispos, catequistas y demás han aplaudido la idea dirigida más que nada a promover la fidelidad conyugal, según su inventor. No está claro que la iniciativa de Bossi vaya adelante, porque la ministra para la Igualdad de Oportunidades (sic, Berlusconi no se priva de nada) ha dicho que se opondría tajantemente y que la prostitución, sea callejera o “cerrada” es una esclavitud sin paliativos para las mujeres.
En Italia, unas cincuenta mil mujeres, casi todas ellas emigrantes sin papeles, se dedican a la prostitución. En España, probablemente la cifra sea más elevada: algunas evaluaciones serias fijan en 150.000 el número de mujeres y hombres que venden su cuerpo en calles, carreteras, jardines, boites, bares, burdeles y “casas de masaje”. Es una cifra respetable de personas, casi todas ellas también emigrantes y que accedieron a esta profesión (¿qué otra cosa es?) imbuidas o iniciadas por chulos, proxenetas y mafias.
Alrededor de la prostitución vive una fauna variopinta y marginal de hoteleros, camareros, patronas de hostales y pensiones, amas de cría, traficantes de estupefacientes, “cogoteros”, carteristas, contrabandistas, “pasantes” de fronteras, etc. La delincuencia encuentra en las áreas de prostitución un excelente caldo de cultivo para desarrollarse: son fenómenos paralelos y complementarios aunque el ejercicio de esta actividad no sea un delito. Lo que parece delito en cambio es promover o aprovecharse de la prostitución mediante la promoción de la misma sobre todo si se trata de menores de edad.
En España, como en Italia, las prostitutas callejeras, la inmensa mayoría, viven y trabajan en condiciones sanitarias, de seguridad y “protección” terribles. Los Ayuntamientos quisieran desterrar a las prostitutas de las zonas céntricas o periféricas de las ciudades, pero tras intentarlo tímidamente terminan reconociendo que las leyes limitan su capacidad de acción y la presión posterior de proxenetas y profesionales del sexo cada vez más organizadas o influidas por ONG de “ayuda” o “humanitarias” terminan por tirar la toalla y aplazar la decisión.
Madrid, centro y periferia, es un caso paradigmático: la concejal (y ex magistrada) María Tardón intentó en varias ocasiones acabar con la prostitución en la Casa de Campo, junto con el Bois de Boulogne de Paris, el mayor prostíbulo al aire libre de Europa. La presión de los vecinos de calles y barriadas movió a esta señora a proponer varios proyectos de solución que finalmente, al no contar con medios legales suficientes y probablemente voluntad política (algo más raro y escaso) se quedaron en agua de borrajas.
Curiosamente, en todas las encuestas realizadas hasta hoy entre prostitutas y vecinos de las zonas afectadas, se reflejan ciertas curiosas coincidencias: todas y todos desean “salir de la calle” y ejercer el oficio en lugares cerrados, pagar impuestos y cotizar incluso a la seguridad social como hacen en algunos países europeos donde la prostitución es una actividad tolerada e incluso legal.
Es obvio que los eros center (que en España ya existen o coexisten con la prostitución callejera) no resuelven el problema, si acaso lo agravan. Hace meses se creó en el Senado una Comisión para estudiar la prostitución y sus consecuencias sociales, sanitarias, legales o ilegales. Hasta ahora, los trabajos de la Comisión en cuestión no se conocen ni parecen haber dado fruto alguno. ¿Habrán tirado la toalla también los señores y señoras senadoras? No hay que excluirlo: ocurrió tantas veces con este endiablado problema que parece obligado ser pesimista.
¿Qué hacer con la prostitución?
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