A media tarde del viernes se ha conocido que la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios veía indicios de delitos fiscales cometidos por el presidente del SCH, Emilio Botín, y cuatro ex altos cargos del Banco Santander. En concreto, la juez considera que se cometieron 138 delitos relacionados con el caso de las cesiones de créditos, una estrategia utilizada por el banco entre 1987 y 1991 para evitarse el pago de impuestos. Ahora toca dilucidar las responsabilidades de cada uno puesto que, aunque Botín fuera imputado, esto no significa que sea culpable; esta última condición tiene que establecerse en un juicio con todas las garantías procesales para la defensa del imputado. Por tanto, hasta que no haya sentencia no se puede hablar de responsabilidades ni nada por el estilo.
La cuestión es cómo se va a tomar la Bolsa el auto de la juez Teresa Palacios. Los mercados de valores de todo el mundo están muy sensibles a todo lo que signifique fraude, contabilidades poco claras y demás. Basta con que en Wall Street se conozca un nuevo caso de "ingeniería contable" para que las bolsas de todo el planeta se desplomen. En ese ambiente, y cuando todavía sigue vivo el fuego del caso BBV, se ha conocido la imputación de Botín. ¿Afectará a la acción del SCH? Desde que se inicio la causa hace años se sabía que la juez podría imputar al presidente del banco si encontraba indicios para ello. Por tanto, la sorpresa es sólo relativa y en buena medida debería estar descontada en el precio de la acción. Ahora bien, lo que sí podría suceder es que los analistas empiecen a echar cuentas del dinero que tendrá que pagar el SCH tanto a Hacienda como en concepto de sanciones e indemnizaciones, puesto que la juez estima que el presunto delito fiscal puede ascender a unos 9.000 millones de pesetas. Habrá que esperar al lunes para ver la reacción de los inversores.
De todas formas, el caso de las cesiones de crédito debe servir para hacer una reflexión en profundidad sobre la rapidez de la Justicia. El sumario llevaba años abierto y es ahora cuando se han dado los pasos previos para el inicio de un juicio que puede tardar bastante tiempo en concluir. En cuestiones económicas, esto no se puede permitir porque, al final, se puede acabar perdiendo el dinero. Este no es el caso, pero hay otros muchos en los que en el momento de salir la sentencia, la sociedad o sociedades condenadas incluso han dejado de existir. Y eso es perjudicial para el buen funcionamiento de una economía de mercado. Ahora que el Gobierno del PP se ha embarcado en la reforma de la Justicia, debe tener en cuenta cómo se ha desarrollado el caso de las cesiones de crédito para extraer de él las conclusiones oportunas en aras de la defensa de los derechos de todo el mundo.
Saltó la sorpresa
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