La semana de negociaciones en torno a la inmunidad para las fuerzas de paz norteamericanas acabó de la única forma posible, que era dejar las manos libres al único país con voluntad y capacidad de hacer de gendarme internacional.
Aunque el acuerdo de las Naciones Unidas da inmunidad tan solo por un año a las tropas en misiones de paz de los países no firmantes del Tribunal Penal Internacional, la resolución deja clara la intención de renovar la medida todos los años y demuestra que, al margen de los distingos jurídicos y el rasgado de vestiduras ante la falta de igualdad ante la ley, se ha impuesto el sentido práctico, mientras el resto de mundo evite las intervenciones armadas, tanto para ahorrarse dinero como complicaciones diplomáticas, habrá que atender las exigencias de Washington.
Al margen de las limitaciones políticas de la Casa Blanca para aceptar la jurisdicción del tribunal, que los conservadores ven como un recorte intolerable en la soberanía de Estados Unidos, está el hecho de que las acciones bélicas son por definición situaciones excepcionales en que no siempre se pueden evitar los abusos. Por una parte, Washington no quiere que sus soldados se vean coartados por temor a posibles acciones jurídicas. Por la otra, no se pueden descartar que los enemigos de Estados Unidos traten por todos los medios de encontrar algo que denunciar que, justificado o no, adquiera vida propia en las cancillerías y los medios de prensa internacionales.
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