El Gobierno aprieta el acelerador. El presidente Aznar está dispuesto a responder con contundencia al último atentado de los terroristas etarras. Sin actitudes vengativas, como él mismo aclaraba el pasado lunes desde Palma de Mallorca, Aznar no parece dispuesto a dejar más tiempo que los lideres de Batasuna puedan seguir campando a sus anchas en el País Vasco mientras los ciudadanos viven inmersos en una sociedad de miedo y terror.
El Gobierno, en menos de tres días, primero ha puesto en marcha todo el mecanismo jurídico para recoger las pruebas y los datos que requiere la ilegalización de Batasuna. Y ahora el Ejecutivo ha iniciado los contactos pertinentes para convocar, incluso en este mes de agosto, un Pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados, activando de esta manera una de las fórmulas previstas en la reforma de la Ley de Partidos Políticos para la ilegalización de una formación política. Es decir, el Congreso deberá instar al Gobierno para que éste inicie el procedimiento de petición de ilegalizacion de Batasuna. Este proceso es el preferido por el presidente Aznar y también es la fórmula que parece más adecuada para recabar con más facilidad el consenso de las principales fuerzas políticas del Parlamento.
Aznar está dispuesto a demostrar que, por su parte, nadie va a encontrar impedimento alguno para acelerar todo lo que sea posible este proceso de ilegalización. Además, desde el Ejecutivo son conscientes de que con este paso por el Congreso todos los grupos parlamentarios deberán de retratarse con absoluta nitidez. Quedará, pues, muy claro qué partidos mantienen una actitud decidida por la ilegalización y se sabrá quienes están en contra y también sabremos quienes son los que intentan moverse en tierra de nadie.
En principio todo indica que populares y socialistas están de acuerdo en el proceso inmediato de ilegalización del brazo político de ETA. Desde Coalición Canaria, todo apunta a que estaría dispuesta a apoyar al Gobierno en la iniciativa. Indefectiblemente, en el lado contrario estarán PNV, EA e IU, que ya han manifestado claramente su negativa a la ilegalización, dejando al descubierto la estrategia de complicidad soberanista con Batasuna. Y en la indefinición, nos podemos encontrar a los nacionalistas catalanes. Desde luego, todo este proceso va a ser muy interesante para medir el grado de compromiso real de la coalición de Jordi Pujol. Los convergentes, siempre posicionados con claridad contra el terrorismo, después han mostrado más de una vez actitudes poco definidas y miedosas en otras cuestiones que les pueden situar lejos de los nacionalistas vascos. En esta ocasión no hay margen para mucha duda. Hay que mostrar claridad de ideas, y ese estilo de hacer política no les gusta mucho a los catalanes, amigos eternos de la indefinición.
Todavía no tenemos en la mano el calendario cerrado de este proceso. Pero lo más importante es que el Gobierno está demostrando que, para la lucha contra el terrorismo y su entorno, no hay vacaciones. Y que no puede seguir pasando más tiempo sin actuar legalmente, una vez que se ha aprobado Ley Orgánica de Partidos, contra una estructura política que es un paragolpes del terrorismo y una excusa para recaudar muchos fondos públicos que son utilizados como una de las fuentes principales de financiación del del conglomerado etarra. Con todas estas iniciativas, el presidente Aznar esta demostrando que, en efecto, va en serio.
Aznar va en serio
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