La agonía política de Chávez

La escasísima credibilidad de la que gozaba el régimen de Hugo Chávez en Venezuela se desvaneció el pasado 11 de abril, cuando los pistoleros a sueldo del líder bolivariano reprimieron a tiros una manifestación multitudinaria y pacífica en su contra, que protestaba contra la merma de las libertades y el deterioro de la economía. Tras el fallido golpe de estado, que tuvo lugar pocos días después auspiciado por altos mandos militares que repudiaron los asesinatos de los esbirros de Chávez –Carmona, el presidente sustituto que duró menos de 48 horas, pretendía asumir poderes dictatoriales y fue abandonado por los militares–, la “revolución bolivariana” tuvo la oportunidad de enderezar su rumbo adaptándolo a las coordenadas de un país libre, democrático y próspero, tal y como demandaban la oposición y los militares.

Pero el único interés que Chávez, amigo y ferviente admirador de Fidel Castro, tiene en la democracia es servirse de sus instrumentos para consolidar un poder dictatorial que le permita repetir una vez más el experimento de la “democracia popular”. Sus métodos, intensificados después del fallido golpe de Estado, no son en esencia distintos de los que emplearon Lenin, Mussolini y Hitler para tomar el poder y conservarlo indefinidamente, y guardan una inquietante similitud con los que aplicó Allende: acaparar o controlar todos los poderes del Estado, el acoso a la prensa independiente, la socialización los medios de producción (especialmente la tierra), creación de una banca “popular”, control de los ingresos del petróleo, etc; como corresponde a quien mantiene estrechas relaciones con lo más florido de las tiranías terroristas del mundo: Cuba, Libia, Irán, Irak y las FARC.

Ante la descomposición acelerada de su régimen y la pérdida de apoyos, Chávez ha intentado ganar tiempo por todos los medios desde que recibió los más de dos millones de firmas pidiendo un referéndum sobre su permanencia en el poder. Primero admitió celebrarlo para después advertir de que su resultado no sería vinculante, pues hasta agosto de 2003, según la constitución, no podrá celebrarse una consulta vinculante en este sentido. Por ello, la mayoría de los venezolanos, conscientes del peligro que corren las libertades en manos de Chávez durante ocho meses más y ante la militarización del país y el empleo de la Guardia Nacional para reprimir manifestaciones pacíficas, han decidido secundar masivamente el paro indefinido convocado por la oposición (partidos políticos, sindicatos y empresarios) –que ya cumple su décimo día y que se une a la protesta de los militares en la Plaza de Altamira de Caracas, la cual se prolonga desde hace ya varias semanas–, en la que el lema ya no es el referéndum sino la renuncia de Chávez y la convocatoria de elecciones en el primer trimestre de 2003.

Como ha manifestado Carlos Ortega, líder de la mayor central sindical del país y uno de los principales representantes de la oposición, “el paro es indetenible”, pues la mayoría de los venezolanos sabe que Chávez aprovechará cualquier respiro para acelerar su agenda de recorte de las libertades. Para él, lo más urgente es acabar con la prensa independiente y recuperar el control de PDVSA, paralizada por la huelga. Para lo primero, tiene preparadas dos leyes (de Participación Ciudadana y de Contenidos) que otorgarían al Estado, a través de las “asambleas populares” el poder de censurar opiniones e imponer contenidos a los medios de comunicación, y que ya han sido dadas a conocer en los círculos comunistas de Iberoamérica y Europa, para ir convenciendo a la opinión pública de la necesidad de controlar la prensa por medios “constitucionales”, en interés de la “democrática” revolución bolivariana. Mientras tanto, los grupos chavistas siguen asesinando a manifestantes pacíficos y amedrentando a los medios de comunicación, como pudo verse el martes, cuando partidarios de Chávez rodearon emisoras de televisión privadas y atacaron algunas de ellas. Y para lo segundo, envía autobuses llenos de partidarios suyos y fletados con dinero público para reventar la huelga en las refinerías de petróleo, así como a unidades de las fuerzas armadas para que se hagan cargo de las operaciones de PDVSA, aunque sin ningún éxito.

Sin los recursos del petróleo, con la mayoría de la población –incluida su ex mujer– y de los medios de comunicación en contra y sin el apoyo generalizado del ejército, el protodictador tiene los días contados a condición de que la oposición se mantenga unida y firme en sus pretensiones y de que la comunidad internacional no obstaculice el proceso con llamados al respeto de una legalidad democrática que Chávez intentó quebrantar con su golpe de Estado en 1992 y, emulando a Salvador Allende, dejó de respetar poco después de llegar al poder.

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