La Guardia Civil ha abortado la carnicería que ETA pretendía perpetrar en Madrid, probablemente en una nueva "hazaña" como la del Hipercor de Barcelona. Los mismos etarras responsables del reciente atentado con coche-bomba en Santander –Aramburu Sudupe y Etxebarria Goicoetxea– asesinaron al agente Antonio Molina e hirieron a su compañero cuando éstos interceptaban el coche-bomba –cargado con más de cuarenta kilos de dinamita– donde viajaban los dos terroristas. Afortunadamente, ya han sido detenidos; el primero, herido de gravedad, en el acto; y el segundo, unas horas después en San Sebastián, en una operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil.
Esta nueva muestra de la barbarie etarra no puede menos que poner en evidencia a las Juventudes Socialistas de Euskadi, que en su reciente V Congreso aprobaron, entre otras “reivindicaciones” clásicas de ETA-Batasuna y del PNV, el acercamiento de los presos etarras a las cárceles del País Vasco y el referéndum de autodeterminación como instrumentos para “lograr la paz”. Eduardo Madina y sus mentores se niegan a admitir que la única paz que desean los etarras es la del cementerio o la del exilio para quienes no se plieguen completamente a su criminal dictadura. Su traición a la causa de la libertad en el País Vasco no sólo no les reportará ningún beneficio político o personal, sino que además pondrá nuevas armas y argumentos en las manos de los enemigos de la libertad, que serán utilizadas contra ellos tarde o temprano pese a que hayan decidido dar la espalda al PP a cambio de la “protección” del PNV.
Aunque, por desgracia, hay que lamentar el asesinato de un servidor de la Ley, una vez más se demuestra que la única forma eficaz de luchar contra la barbarie etarra es la aplicación del Estado de Derecho –la “solución policial”, como la llaman despectivamente desde ETA-Batasuna y el PNV. No es preciso insistir en que ETA mata donde puede y cuando puede; y cada vez puede menos gracias a la eficaz labor, a la abnegación y a la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuyos miembros –como es el caso de Antonio Molina, su compañero herido y los TEDAX que desactivaron el coche-bomba– arriesgan y entregan sus vidas en la lucha contra los terroristas.
Pero para que la eficacia y la abnegación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no caiga en saco roto, es necesario que la Justicia cumpla también su función eficazmente. Uno de los dos terroristas, Aramburu Sudupe, ha sido puesto en libertad provisional hasta en tres ocasiones –aun a pesar de que se le atribuyen más de cien acciones de terrorismo callejero–, la última de las cuales aprovechó para huir de la Justicia e integrarse en ETA. Es inaudito que un sospechoso de colaboración con ETA pueda disfrutar de libertad bajo fianza –¡de un millón de pesetas!–, que vuelva a ser detenido por actos de violencia callejera y que, nuevamente, se le conceda la libertad provisional. Diríase que, para muchos de nuestros jueces, la piedra de toque de las garantías del sistema judicial radica en el número de delincuentes peligrosos y de terroristas excarcelados que permita la ley sin contradecirla abiertamente.
La Justicia, en un Estado democrático, ha de estar al servicio del orden y de la seguridad de los ciudadanos; y su principal función es hacer cumplir las leyes que éstos aprueban en el Parlamento a través de sus representantes. Por ello, la libertad de los jueces para interpretar los preceptos de la Ley –la principal prerrogativa del poder judicial– no puede ser nunca una libertad “absoluta”, sino que ha de orientarse, en caso de duda, precisamente a la conservación del orden y la garantía de la seguridad, pues no es de recibo que el esfuerzo de los cuerpos de seguridad del Estado para detener y neutralizar a los terroristas y la tranquilidad de los ciudadanos queden después en entredicho a causa de las “originalidades” judiciales.
Probablemente es mucho pedir a los miembros de Jueces para la Democracia que, de motu proprio, se abstengan de enmendar la plana a los legisladores desde su particular “visión progresista” de la Justicia. Sin embargo, sí cabe exigir al órgano de gobierno del Poder Judicial, el CGPJ, que al menos intente ejercer sus funciones de vigilancia y control de la independencia y de la competencia profesional de los miembros de la carrera judicial. Ya son demasiados los etarras que han utilizado los beneficios penitenciarios o la libertad provisional para burlar a la Justicia y continuar sus actividades criminales.
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