Parece que Jon Lech Johansen se ha librado. Tres años después, ha sido absuelto. Su delito fue crear una interfaz de usuario bajo Windows para el programa DeCSS, el primer programa de código abierto (que no significa que fuera software libre) que permitía ver películas en DVD en un ordenador personal.
Uno suele pensar, cuando compra algo, que ese algo pasa a ser suyo. Esas reglas tan intuitivas se acaban cuando hablamos de propiedad intelectual. No compramos un programa de ordenador, compramos una licencia que nos permite usarlo. Del mismo modo, no compramos un disco de música o una película sino un soporte que, para ser reproducido legalmente, debe seguir una serie de reglas (nada de préstamos o reproducción en público, por ejemplo).
Para proteger ese derecho, las compañías que pusieron en marcha el estándar DVD decidieron que las películas estarían encriptadas y, por tanto, su contenido sería indescifrable sin un reproductor autorizado. Desafortunadamente para ellas, uno de dichos reproductores, el Xing DVD Player, no protegió adecuadamente su propio código, de modo que un programador pudo deducir a partir del mismo el algoritmo de desencriptación y publicó un programa llamado DeCSS, que permitía copiar un DVD entero en el disco duro completamente desprotegido.
Una vez saltada esa barrera, basta con tener un reproductor de vídeo que siga el estándar MPEG-2, que este sí es público. El autor del DeCSS lo publicó con una justificación: no podía ver películas bajo Linux, puesto que no había reproductores para este sistema operativo y el algoritmo de desencriptación era secreto.
El juez ha dictado que, mientras no se use para piratear, el uso, la creación y la distribución de programas como DeCSS es legal. No obstante, copiando la pionera DMCA americana, se están aprobando múltiples leyes en todos los países desarrollados que impidan que esto vuelva a suceder. En la Unión Europea se ha aprobado también una directiva sobre copyright que los países miembros deberían haberla adaptado ya, aunque Grecia y Dinamarca lo han hecho. Dicha directiva deja a cada país decidir si debe impedir, entre otras cosas, la investigación desarrollada sobre encriptación de materiales protegidos por derechos de autor. Por tanto, actividades como las de Johansen serán probablemente prohibidas en pocos años.
Cuando las compañías discográficas y los grandes estudios se dieron cuenta que sería imposible evitar por medios técnicos el pirateo, decidieron poner en marcha sus lobbies para lograr la aprobación de leyes que protegieran sus derechos. El problema es que dichas leyes, en ocasiones, parecen dejar a sus clientes legales atados de pies y manos; una sensación poco agradable y que da al pirateo una suerte de coartada moral. Mal negocio parece ese.
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