Ni históricas ni nada

Claro que tiene razón Jiménez de Parga. Y quizá más aún en aquello que no dice. Aquello que, por ser de la lengua sabido, debiera serlo de todos. Aquello que, precisamente por haber sido incrustado en el uso cotidiano de la lengua, ha dado –perversidad suprema de la mistificación política– en no ser siquiera denominable.

Que no tiene el menor sentido distinguir entre “nacionalidades históricas” y “no históricas” es algo que se impone por su propia evidencia. Lo “no histórico” no existe. A no ser que se suponga que nada es histórico. Ambas hipótesis, al fin, dan en concluir, inapelablemente, lo mismo: el adjetivo “histórico” no añade determinación alguna a ningún acontecimiento; ni positiva ni negativa. O bien todos lo son, o bien no lo es ninguno. Que una mágica unción selle a unos con el carisma sacral del adjetivo, al tiempo que deja fuera a otros, podrá tener sentido en la lógica chamánica de ciertas comunidades primitivas; ni pies ni cabeza pueden serle halladas en una sociedad post-ilustrada.

Pero hay algo aún más inicial, aún más importante, aún más evidente y, sin embargo, aún más invisible. “Nacionalidad” no designa realidad alguna distinta de “nación”. Ni en castellano ni en ninguna otra lengua latina. Nacionalidad es la propiedad de aquello que corresponde a la nación. La “afección particular de alguna nación o propiedad de ella”, por utilizar la fórmula canónica del diccionario de autoridades del año 1732. Cuando los redactores de la Constitución española distorsionaron el significado de ese término, para eludir los problemas que hubiera planteado un debate sobre centralismo y federalismo, no sólo se comportaron como perfectos analfabetos (alguno hubo que lo señaló, pero nadie le hizo caso). Introdujeron también –porque violar la lengua es un delito que siempre acaba pagándose al precio más caro– una bomba de relojería en la Constitución española. Esa bomba está hoy en proceso, tal vez irreversible, de activación.

Nacionalidad no especifica nada acerca de un territorio. Ni en función de lo sucedido en 1931, ni en función de lo sucedido en 1978. La lengua no puede ser torcida a medida de la voluntad de los sujetos que la hablan. Ni siquiera de la voluntad de los políticos, que se encuentran entre los más incompetentes de sus usuarios.

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