¿Qué hará Atutxa ahora?

La Justicia ha demostrado que ETA y Batasuna son la misma cosa y, consecuentemente, ha dispuesto que todas las pantallas, clones y sucedáneos de la pantalla política de la banda terrorista deben ser erradicados de las instituciones democráticas y privados de todo acceso al dinero público. Así lo entendió el Parlamento navarro, hace ya más de ocho meses, cuando disolvió el grupo parlamentario de Batasuna en cumplimiento de la resolución del juez Garzón que suspendía cautelarmente las actividades de Batasuna y de todas sus organizaciones afines. Incluida Socialistas Abertzales de Navarra, el nuevo nombre que eligió Batasuna para su grupo en la Cámara foral con el objeto de eludir su disolución después de la aprobación de la nueva Ley de Partidos.

Sin embargo, el Parlamento vasco, presidido por Juan María Atutxa, ni siquiera después de que la sentencia del Supremo ilegalizara en firme a la rama “política” de ETA, se ha avenido a cumplir con lo dispuesto por la Justicia. Ni aun cuando EEUU y la Unión Europea incluyeron recientemente a Batasuna en sus listados de organizaciones terroristas. Era evidente que el antiguo grupo de Batasuna en el Parlamento vasco, al igual que hizo en Navarra, cambió su nombre por el de Socialistas Abertzales para eludir la acción de la Justicia o, cuando menos, para retrasarla todo lo posible. Pero, en lugar de colaborar con la Justicia –como era su obligación, dada su condición de cargo público–, ha preferido colaborar con los diputados de ETA en la consecución de un evidente fraude de ley al amparo de un ficticio escrúpulo formal como es el de considerar, por el mero hecho del cambio de denominación, a SA algo distinto de ETA-Batasuna.

Pero la Sala especial del Tribunal Supremo –la misma que ilegalizó Batasuna, tal y como prescribe la ley– ha aclarado finalmente y por unanimidad las “dudas” de Atutxa y del tripartito gobernante en Vitoria: el presidente de la Cámara vasca debe disolver inmediatamente el grupo ahora denominado SA y sus diputados tendrán que pasar al grupo mixto, perdiendo así las prebendas asociadas a la condición de grupo parlamentario: especialmente los 15.000 euros por mes y grupo (que ahora tendrán que repartir con los diputados de IU), la posibilidad de presentar iniciativas parlamentarias y la disposición de un turno propio de palabra en los debates.

Después de la resolución del Supremo, a Atutxa, y al resto de integrantes de la Mesa del Parlamento vasco, básicamente les quedan dos alternativas: cumplir fiel y puntualmente lo dictaminado por el alto Tribunal o incurrir en un delito de desobediencia –que juzgaría el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por su condición de aforado en territorio vasco– para el que están previstas penas de multa e inhabilitación, sin que por ello dejara de cumplirse la resolución, aun cuando fuera necesario –sería un caso inédito– que el Tribunal Supremo tuviera que sustituir a la Mesa para ejecutar la disolución de SA.

La excusa de la división de poderes y la circunstancia de que el reglamento de la Cámara vasca no contemple expresamente la disolución de un grupo –los argumentos de Atutxa en el escrito que dirigió al alto Tribunal– no son, ni deben ser, ningún obstáculo para el cumplimiento íntegro por parte del Parlamento autonómico de la sentencia que ilegaliza Batasuna. Del mismo modo que tampoco es obstáculo para el cumplimiento de una sentencia la circunstancia de que, por ejemplo, los estatutos de una sociedad mercantil no hayan contemplado explícitamente la posibilidad de que sus administradores puedan ser separados del cargo por decisión judicial.

Aunque cabe la posibilidad de que el presidente de la Cámara autonómica vasca intente plantear un conflicto de competencias –previsto en la Constitución sólo para las relaciones entre los ejecutivos autonómicos y el estatal, pero no para las relaciones entre el Poder Legislativo y el Judicial, cuyas competencias están muy bien definidas– ante el Tribunal Constitucional, lo más probable es que ni siquiera llegue a admitirse a trámite: la Constitución deja bien clara la obligación de todos los ciudadanos e instituciones, empezando por los poderes públicos, de colaborar con la Justicia y de cumplir las resoluciones judiciales.

Por tanto, es casi seguro que Atutxa ha quemado su último cartucho en la defensa numantina –aunque formalmente legal– de la permanencia oficial de ETA en las instituciones democráticas. A partir de ahora, el presidente del Parlamento vasco deberá optar entre cumplir con la Justicia o cruzar la línea que delimita la legalidad de la ilegalidad. Que elija una u otra dependerá, en buena medida, de la estrategia conjunta que el PNV haya podido pactar con ETA-Batasuna. El “plante al Estado español” ofrecido por Egibar a Ibarretxe podría dar comienzo, después de verificar los resultados de las elecciones, precisamente con la negativa de Atutxa a ejecutar la disolución de Socialistas Abertzales. Aunque también es posible que el PNV prefiera cumplir con la Justicia y esperar hasta después del verano para lanzar el órdago del referéndum separatista con el apoyo de ETA, cuyos diputados, en pago al respaldo institucional de Atutxa, respaldarían con sus votos el plan de Ibarretxe.

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