El PP ha ganado las elecciones de Castilla y León, tal y como anunciaban las encuestas previas, y además lo ha hecho de una forma algo más contundente de lo previsto y logrando una mejora seria en porcentaje, en número de votos y en representantes: gana cuatro puntos, lo han apoyado 50.000 castellanoleoneses más y tiene 33 procuradores, por los 31 que tenía hasta ahora.
Lo hace superando las expectativas y en un entorno que no era fácil después del tortuoso camino electoral que nos ha llevado hasta aquí pasando por Extremadura y Aragón, con un crecimiento muy fuerte de Vox en las dos comunidades y con los pactos de gobierno todavía pendientes en ambas.
Aún así, Alfonso Fernández Mañueco se ha quedado a nueve procuradores de la mayoría absoluta, es decir, tendrá que seguir pactando con Vox, ya sea para formar un gobierno de coalición o al menos para ser investido presidente. Sería esta segunda una opción muy poco inteligente, ya que el mensaje del electorado es claro y evidente, como lo ha sido en Aragón y como lo fue en Extremadura: PP y Vox deben gobernar juntos, para ello los votantes les están dando mayorías superlativas y porcentajes de voto muy por encima del 50%.
En este sentido, hay que reconocer que Vox ha tenido un buen resultado: mejora en la que ya era una de las comunidades autónomas en las que ya llegaba a porcentajes de voto más altos, logra su récord en unas elecciones autonómicas en toda España y, además, logra un procurador más de los que tenía.
Sin embargo, a nadie se le escapa que esta subida, de apenas 1,29 puntos y 15.000 votos, no es la que esperaban los de Santiago Abascal y, de hecho, ni siquiera ha sido la que pronosticaban los sondeos. Por mucho que tanto Carlos Pollán como el propio Abascal hayan exhibido su crecimiento respecto a 2022 como un gran éxito, por suerte o por desgracia los resultados electorales no se miden en comparación con lo ocurrido en las elecciones anteriores, sino con las expectativas generadas para estas. Y ahí Vox no puede estar satisfecho.
De hecho, parece claro que el electorado de Castilla y León les ha mandado un mensaje: Vox sube, sí, pero el PP lo hace con más fuerza y, más allá de que cada elección autonómica tiene su propio contexto, es evidente que las complejas negociaciones en Extremadura y Aragón no han beneficiado a los de Santiago Abascal. Es más, parece que el electorado de ambos partidos, que en su inmensa mayoría quiere esos gobiernos en coalición, señala más a Vox que al PP como culpables de que no hayan llegado ya.
Llevamos tiempo advirtiéndolo y este resultado es ya un aviso del electorado: Vox no puede permanecer más tiempo como una formación al margen del sistema, si quieren cambiar las políticas, tal y como dicen, tienen que asumir que el lugar para hacerlo son los gobiernos, con responsabilidad, con seriedad y también entendiendo bien el papel que les han dado los votantes, que es el de un socio necesario pero minoritario.
Por último, no podemos dejar de analizar el desempeño del candidato del PSOE, Carlos Martínez, que ha estado mucho mejor que sus compañeros en Extremadura y Aragón, logrando un resultado positivo: mejora en escaños y, aunque poco, también en porcentaje y en votos. Está claro que no estar imputado y no llegar directamente desde el Gobierno de Pedro Sánchez son buenas credenciales hasta para el electorado del PSOE.
Sin embargo, mal harían Carlos Martínez y el propio Pedro Sánchez en no entender que, aunque en Castilla y León hayan salvado los muebles, las urnas siguen marcando que la derecha está al alza –sumados, PP, Vox y SALF superan el 55% del voto– mientras la izquierda se hunde más en cada nueva cita electoral. En este caso concreto, el PSOE puede haber subido, sí, pero está mucho más lejos de gobernar porque esa mejora la hace a costa de sus propios socios y de quedarse muy solo en la extrema izquierda en la que se ha instalado.