El insufrible contraste entre el atroz caso de Sandra Palo y la muy benigna condena que han recibido sus asesinos por el hecho de ser menores de edad, ha rebosado la medida del escándalo en torno a Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Una medida ya colmada previamente por numerosos casos como los que detalla el informe publicado por Libertad Digital. Tan grave ha sido el escándalo que el Gobierno por fin se ha decidido a reformar la Ley del Menor que, no hay que olvidarlo, consensuó con el PSOE. Entre otras reformas de mero sentido común, se encuentran la posibilidad de que las víctimas puedan volver a ejercer la acción penal, el incremento de las penas para los delitos de especial gravedad y la creación de centros específicos para el cumplimiento de estas penas. Porque a la inverosímil brevedad de las penas y a la marginación de las víctimas que prescribe la Ley del Menor, se añade la absurda lenidad de los regímenes de internamiento. Como ya dijimos en otra ocasión, algunos internados de estudiantes superan con creces en rigor a los actuales centros de rehabilitación de menores delincuentes, quienes los utilizan en no pocas ocasiones –si es que pueden encontrar “plaza”– como una mera residencia donde pernoctar tras sus correrías diurnas.
Es triste que los políticos de la derecha sólo se atrevan a cuestionar los dogmas de la izquierda y a frenar o a dar marcha atrás a sus experimentos sociales cuando las consecuencias se hacen ya insufribles, siempre por temor a no parecer lo suficientemente “progresistas”. Ha ocurrido, por ejemplo, con la LOGSE; y también con la Ley del Jurado después del caso Wannikoff, donde un jurado popular condenó a una inocente. Sin embargo, y aunque siempre demasiado tarde para evitar desastres y desafueros que eran perfectamente previsibles, sean bienvenidas las reformas si es que sirven para evitar futuros escándalos y aberraciones y siempre que se extraigan las lecciones oportunas. Porque, ante la evidencia del error y del fracaso, todavía hay quienes se obstinan en aferrarse a sus doctrinas. Es el caso de Javier Urra, quien precedió a Pedro Muñoz Morgades en el cargo de Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y colaboró en la redacción de la Ley del Menor. Por increíble que parezca, y tras conceder por imperativo de lo obvio que la ley que él ayudó a elaborar debe endurecerse en cierta medida –aunque sólo para los delitos muy graves–, Urra insiste en que la filosofía de la inspira, responsable última de su fracaso, “es magnífica y está dando buenos resultados para la mayoría de los casos”. Es más, señaló como advertencia a la opinión pública que, según él, “en absoluto va a mejorar la situación por el mero hecho de endurecerla, sino que sólo variará desde la educación, el respeto, la sensibilización, el afeminamiento de la sociedad”. Para ello, propone como remedios el arte, la práctica del deporte y el contacto con la naturaleza, y señala como culpables de la situación actual a las guerras, el terrorismo, la telebasura o los padres absentistas que se pasan la noche “tomando cubatas” y no acompañan a sus hijos a la escuela.
Como buen “padre”, Javier Urra ha salido en defensa de su “criatura”, la Ley del Menor, de la que ya en 1998 afirmaba que debería llamarse “ley de respuesta social al joven infractor”, pues “es una ley progresista que cambia el término ‘castigo’ por el de ‘sanción’, que forma parte de la propia educación”. Pero por mucho que se empeñe el ex Defensor del Menor y actual psicólogo de la Fiscalía del TSJ de Madrid en coleccionar eufemismos, en echarle la culpa al “empedrado social” y en defender su filosofía pedagógica, nada podrá cambiar el hecho de que, cuanto más benigna sea la pena, mayor será la propensión al delito. Aunque ya puestos a desviar culpas, lo cierto es que es esa misma filosofía “afeminada” –en el peor sentido–, tan del gusto de los "progresistas" y que impregna no sólo la Ley del Menor sino también el Código Penal y la LOGSE, la principal responsable de la irresponsabilidad de los menores y del supuesto “absentismo” educacional de los padres. Porque no se puede demoler impune y sistemáticamente el principio de autoridad de los padres y de los maestros –como ha hecho la izquierda durante décadas– y después exigir una actitud moral, responsable y ordenada a quienes han carecido de ejemplos de moral, de orden y de responsabilidad. Quizá la prueba más elocuente de la falsedad del mito roussoniano del "buen salvaje" –que inspira toda la moral, la psicología y la pedagogía progresista– es que el resultado de la aversión a la moral cívica tradicional basada en la responsabilidad individual y de la alergia al principio de autoridad rectamente entendido no es precisamente una sociedad "afeminada" en el sentido pacífico y refinado del término. Mas bien todo lo contrario, como demuestran, entre muchos otros, los casos de Sandra Palo, o del asesino de la catana. Y es que, por desgracia, hay demasiados seres humanos, especialmente los delincuentes, que sólo obran bien por temor al castigo. Algo que, por otra parte, ya se sabía desde la más remota antigüedad.