La izquierda radical latinoamericana ya no busca llegar al poder por las armas como en otras épocas, sino frenando el crecimiento y creando condiciones que llevan a la miseria, causando disturbios y violencia. Su opción no es por los pobres, sino por el ideal de la pobreza compartida. Bolivia es su logro más reciente.
En el Perú vuelve Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que trajo el caos en los 80. Colombia, Ecuador y Brasil también son sacudidos por manifestaciones y cierres de rutas organizados por grupos radicales contra el ALCA, la globalización, la biotecnología y todo lo que significa progreso. Pero el caso más patético es Bolivia, un ejemplo del nuevo paradigma de la izquierda radical: la toma del poder a través de la agitación popular y la violencia.
Las protestas organizadas por la izquierda radical boliviana, con miles de campesinos, mineros e indígenas marchando a la capital, ocasionaron más de 80 muertos y obligaron a renunciar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, un conservador elegido por el Congreso en junio de 2002, luego de unos comicios con resultados inciertos. Los opositores, dirigidos por Evo Morales, del Movimiento al Socialismo y líder de los cocaleros, y por Felipe Quispe, cabecilla de los indígenas Aymará (80% de la población es indígena), rechazaron toda propuesta de diálogo de la OEA y el Mercosur, amenazando con una guerra civil si el gobierno declaraba el Estado de sitio, esencial para la defensa de la democracia y el orden público.
Pero la izquierda radical no siente devoción por la democracia. Su objetivo es acceder al poder sembrando el caos social que encuentra tierra fértil en la indigencia, desocupación y analfabetismo. El 66% de los bolivianos vive en la pobreza y el 20% carece de empleos. En un principio los campesinos que cerraban las rutas sólo exigían más subsidios. Más tarde, la Central Obrera lanzó un paro general indefinido en protesta contra el desempleo y el aumento de impuestos sugerido por el FMI. Pero luego la izquierda descubrió una poderosa causa nacionalsocialista: oponerse a la intención del gobierno de vender gas natural a EEUU a través de Chile y enfrentar al "capital extranjero explotador". La opción democrática fracasó. La izquierda rechazó la propuesta de Sánchez de Lozada sobre un referéndum para que el pueblo decida sobre la venta del gas a EEUU.
En tanto, la propaganda nacionalsocialista cobró fuerza. Los bolivianos no se resignan a la pérdida de su salida al mar en 1789, en la guerra contra Chile. Muchos rechazan por eso que Chile se beneficie con el gas boliviano. Otros tantos se oponen a "beneficiar al imperialismo yanqui". A su vez, la izquierda cocalera tenía cuentas pendientes con el presidente boliviano. Este implementó a comienzos de año medidas para erradicar las plantaciones de coca y endureció su ataque a la corrupción y el crimen.
Pero es el mercado lo que rechaza la izquierda. Bolivia logró abrir su economía y realizar reformas de mercado que en unos años podría haber sacado al país de su miseria. En los 90, el país consolidó su democracia, controló la inflación y liberalizó su economía. Se privatizaron los servicios públicos, la seguridad social y la producción de petróleo y gas natural. Enormes inversiones llegaron al país y las reservas se multiplicaron. Hoy Bolivia tiene gas como para abastecer a todo el Brasil durante 200 años. La izquierda hará lo imposible por evitar el desarrollo capitalista. Prefiere volver al estatismo, la politización y el atraso anterior.
La culpa también es de Sánchez de Lozada. Al igual que De La Rúa, en lugar de profundizar las reformas y bajar el déficit recortando el gasto público, consiguió un préstamo stand-by del FMI con el compromiso de subir los impuestos, presionando sobre una economía empobrecida. Su gobierno gravó con más del 12% el sueldo de 750.000 empleados bolivianos. El aumento de los impuestos exacerbó las protestas.
El proyecto de gas, con una inversión de 5.000 millones de dólares, habría impulsado el crecimiento, creando empleos, aumentando los ingresos y contribuyendo al fisco más de 380 millones de dólares al año. Pero la izquierda decidió impedir la llegada al país de "capitales explotadores" y que el gas en lugar de ser disfrutado por el imperialismo, permanezca en Bolivia, bajo tierra. Es la opción por la pobreza, una opción que el pueblo no ha escogido.
Porfirio Cristaldo es corresponsal de © AIPE en Asunción