¡Tanto que los guatemaltecos han puesto su esperanza en el régimen democrático! Por eso aplaudo la firmeza con que el presidente y el Congreso no se han dejado intimidar por violentos manifestantes que se apropian de las calles excluyendo, por la fuerza o la amenaza de la misma, a quienes quieren transitar pacíficamente. La disyuntiva es que o vamos a tener un régimen democrático en el cual las decisiones se toman por mayoría de votos, eligiendo a representantes a quienes se les confía la responsabilidad de legislar, o un sistema tipo bolchevique, en el cual las decisiones se toman en la calle, intimidando unos a otros.
Gracias a Dios no se organiza ni sale a la calle la gran mayoría agraviada por esas manifestaciones. Quienes están a favor del Tratado de Libre Comercio (TLC) y de la minería confían que el gobierno defenderá, como lo está haciendo, el régimen democrático-representativo y no permitirá que unos agentes provocadores –criollos e internacionales- vilmente engañando a una minoría, destruyan el régimen de derecho. ¡En Bolivia ya dieron un golpe de estado en esa forma!
Por mucho escándalo que hagan es evidente, a pesar de las protestas callejeras, que el movimiento contra el TLC y la minería no tiene genuina representatividad popular de los indígenas ni de los pobres ni de los trabajadores. Es provocado por líderes agitadores, disociadores nihilistas, criollos e internacionales, que engañan a los pobres, quienes según se ha reportado en la prensa no saben qué es el TLC.
En mi columna he tratado el tema por más de un año y, porque estoy a favor del libre comercio, sostengo que la mejor opción no son esos tratados tan populares hoy en el mundo de comercio dirigido, los TLC. Creo que la mejor opción para un país pobre y pequeño es la eliminación de todos los obstáculos, impedimentos y subsidios escondidos que a través del tiempo nos hemos impuesto a nosotros mismos. Es decir, estoy a favor del genuino libre comercio de los guatemaltecos. Pero indistintamente si se está de acuerdo o no, debe respetarse el debido proceso legislativo sin recurrir a las viejas prácticas bolcheviques. Inclusive, la expresión de rechazo sería más beneficiosa, tanto para los interesados como para el país, si se hiciera en forma verdaderamente pacífica, con argumentos coherentes, con propuestas concretas y especialmente con respeto al resto de la población.
La invitación de la Iglesia Católica al diálogo fue extemporánea, pues debió haber pedido diálogo cuando era oportuno. En su apología del derecho a manifestar, debe agregar que ese derecho no incluye recurrir a la violencia, destruir derechos ajenos o intimidar a otros. Tampoco es pacífico pintarrajear ni impedir a otros utilizar las calles y carreteras, pues equivale a apropiarse por la fuerza de derechos y propiedad ajena. Las calles y carreteras son propiedad de todos y no de ningún grupo.
