Parece ser que un grupo de funcionarios con bata blanca viene practicando fuera de protocolo sedaciones terminales a centenares de pacientes que, en un 90 %, mueren a las pocas horas de la sedación. Y eso en el servicio de urgencias de un hospital que tiene unidad de cuidados paliativos, aplicando la sedación cuando no estaba indicada, sin consentimiento del paciente ni de la familia (57 casos al menos) y mediante la administración de dosis excesivas. Sobrepasando en mucho lo habitual en servicios similares, el 60 % de los fallecidos en los últimos dos años habían sido sedados, circunstancia que no se especificaba en el libro de registro; bastaba con la anotación Exitus.
Todo esto lo sabemos gracias a una reciente denuncia anónima (no era la primera) que fue recibida con gran recelo por el sector más corporativista del mundo y por opinadores que se la cogen con papel de fumar. ¿Se han preguntado por qué la denuncia, partiendo casi con total seguridad de médicos del centro, era anónima? En cuanto a los políticos, ahí está Simancas exigiendo pruebas de las "gravísimas acusaciones" vertidas. Es decir, que está muy enfadado consigo mismo por haber definido el problema hace un mes como "una supuesta práctica continua de eutanasia activa", acusación gravísima.
Los progres vieron primero en el asunto un arma política contra Esperanza Aguirre. Todavía no conocían la ideología de los doctores implicados, patente en el mote colectivo de Sendero Luminoso, ni contaban con el fulminante blindaje de los sindicatos. Pronto el fiscal general del Estado corrió en ayuda del más débil, que en la trastornada visión de nuestra izquierda no son los pacientes finiquitados sino los médicos, y lo hizo sin conocer aún los informes técnicos.
La izquierda sostiene que detrás de todo esto está el afán privatizador de la Comunidad de Madrid. ¿Dónde están las pruebas? ¿Sugieren que lo adecuado hubiera sido no cursar las denuncias? La presentadora del programa 59 segundos introdujo el tema presentándolo como "una crisis más política que sanitaria". O sea, más de lo mismo en la televisión pública. Emociona tanto ver a los compañeros de los investigados con el cartelito "Yo también trabajo en urgencias" que habríamos de imitarlos y colgarnos uno con el lema "Yo también soy usuario de la sanidad pública". Mal están las cosas si la clase política todavía no tiene clara la jerarquía de valores.
