Escuchando a Josep Piqué, a quien una parte de la derecha creía demasiado contemporizador, queda claro que el PP está asumiendo la gravedad de la situación: Zapatero no cree en el modelo de la Transición, basado en el consenso constitucional y plasmado en la Carta Magna. El presidente del gobierno cree en una legitimidad distinta, la que entronca con la Segunda República y con los vencidos de la Guerra Civil. Pero resulta que el edificio que los socialistas y sus socios tratan de volar controladamente (salvando la fachada), ha garantizado la convivencia en España durante casi treinta años.
Una de las lecciones que nadie debería olvidar es que el cambio de régimen “de la ley a la ley” que se llamó Reforma fue posible porque la mayoría de españoles, desde el puro sentido común, apoyó el proyecto democratizador del grupo de franquistas que trajo la democracia, dando la espalda, por temeraria y poco realista, a la ruptura que proponían las izquierdas.
Zapatero ha vuelto a devaluar el concepto de nación. Primero dudó de su significado, de que tuviera alguno; ahora se muestra tiernamente comprensivo con el que le dan precisamente los nacionalistas, es decir, los que menos dudan de la plenitud de ese concepto que él reputa vacuo. No estamos ante una cuestión académica. Es el presidente del gobierno, está obligado a respetar la Constitución y lo que ella misma establece: que la nación española la preexiste, y que es una e indivisible.
Arcadi Espada ha puesto al descubierto un truco de los socialistas consistente en minimizar el asunto sosteniendo que los términos nacionalidad y nación son sinónimos: si lo son, que el Estatuto de Cataluña use el término nacionalidad, que tiene la ventaja de no levantar polémicas y de ajustarse a la letra de la Constitución.
La inmensa comprensión de Zapatero con el nacionalismo se puede analizar en distintas claves: su sólida formación histórica y jurídica, por ejemplo, o su total independencia de criterio, propia de un líder sin hipotecas que pagar. O simplemente está lanzando un aviso a su partido para que nadie dé el primer paso cuando el proyecto de Estatuto llegue al Congreso. Que se la pegue el PP, que se quede solo. Olvida que si lo apoyan en contra de la oposición, será un Estatuto no basado en el consenso. Y que tal circunstancia justificaría su revisión cuando cambien las mayorías. Olvida también que un Estatuto de Autonomía es una ley orgánica, y que en modo alguno puede esconder una reforma constitucional eludiendo los mecanismos regulados por la propia Constitución. Por fin, olvida que si consigue, con su batería de medidas radicales y su subordinación a los separatistas, minar el consenso constitucional, habrá que repartir cartas de nuevo, empezar de cero.
