Durante muchos meses, el nuevo estatuto catalán monopolizó el debate político. Masivamente rechazado en el resto de España, el establishment local fue imponiendo, lenta pero implacablemente, la aceptación de su necesidad, primero, y de sus contenidos, después, a la destartalada, adormecida, agotada, lobotomizada o aniquilada sociedad civil del Principado.
Fuimos pocos, muy pocos, los que alzamos la voz dentro de Cataluña, desde su televisión pública, en contra de una pieza que, inserta en el bloque de constitucionalidad, considerábamos destinada a desatar todo tipo de conflictos institucionales, a agravar injusticias lingüísticas, a incrementar el intervencionismo hasta lo inaceptable y a trastornar la paz civil.
Nuestras dos críticas iniciales y principales eran: que no existía demanda social que justificara el cambio de estatuto; que el nuevo era flagrantemente inconstitucional, especialmente en lo relacionado con la visión soberanista que subyacía a la "nación" del preámbulo, en la introducción del criterio de bilateralidad Cataluña-España y en la ruptura de la unidad del poder judicial.
A los pocos críticos internos (catalanes en Cataluña) se nos respondía sistemáticamente: el estatuto no contraviene la Carta Magna, simplemente hace una interpretación más "abierta" o "generosa" (¿?); en todo caso, el Tribunal Constitucional es el indicado para pronunciarse al respecto. Nunca creí una palabra de esa explicación. Es decir, ni por un momento pensé que el establishment catalán fuera a conformarse si el Tribunal Constitucional acababa dándoles un chasco.
Me reafirmo. En cuanto han visto que el chasco es una posibilidad real (cálculo que ellos basan en la aritmética de unos togados etiquetados concebidos como autómatas partidariamente programados), han empezado a ponerse nerviosos. Que si habrá que decantarse entonces por el soberanismo abierto, que si habrá que replantearse las relaciones entre Cataluña y España (algo equivalente a plantearse las relaciones entre usted y su brazo, o su bazo), que si patatín, que si patatán, que si pim, pam, pum.
Si no querían desequilibrios ideológicos, podían haber empezado por no contratar a uno de los magistrados, y por no llamarle a ese contrato "complicidad". Con todo, su aritmética es errónea. Equiparan progresismo a simpatía por la quiebra de la soberanía nacional y conservadurismo a centralismo. No han oído hablar de los jacobinos.
Llámenme iluso, pero los magistrados del constitucional no son un conjunto de autómatas programados sino el grupo de expertos juristas encargado de interpretar la Carta Magna, y no pertenecen a ninguno de los tres poderes. Esto es así más allá de sus afinidades ideológicas. Con o sin Pérez Tremps, el estatuto no pasará el filtro del Constitucional. Se están dedicando demasiadas energías a una escaramuza vana.
