Aquí no nos hemos enterado mucho, la verdad, pero en Australia ha habido elecciones y, dado el complicado sistema electoral, con distritos uninominales, pero con primeras y segundas opciones, el recuento ha llevado bastante tiempo. Al final, y por primera vez en setenta años, ninguno de los partidos tenía mayoría absoluta. Para gobernar, los laboristas han llegado a acuerdos con algunos diputados independientes con la promesa de desplegar fibra óptica por todo el país a costa del dinero de los contribuyentes.
El programa se llama National Broadband Network (NBN) y supone el sueño húmedo de muchos gurús que se creen que poner en manos del Estado las infraestructuras sobre las que funciona internet es lo mejor que puede hacerse por la red en este mundo. El problema es que Australia es un país enorme, en el que la población rural está muy dispersa, con grandes zonas deshabitadas. Así que el coste del programa se ha cifrado, al cambio, en unos 31.000 millones de euros, que terminarán siendo más. La idea es que una empresa pública comprará la actual red telefónica, la sustituirá por fibra óptica y se la alquilará a las operadoras, que ofrecerán sus servicios sobre ella.
Australia ha padecido hasta ayer por la tarde el monopolio estatal de turno, Telstra, que fue privatizado por partes, quedándose el Gobierno australiano por primera vez en minoría en su accionariado en 2006. Actualmente posee el 11% y, como pasa con Telefónica en España, la empresa "se quedó" con la red telefónica y está regulada hasta las cachas. Por ejemplo, no puede bajar demasiado los precios, porque los demás operadores no podrían competir. El resultado es que es ahora, en 2010, cuando los australianos pueden empezar a contratar tarifas planas ilimitadas, algo que nosotros pudimos empezar a disfrutar en 1999.
La situación, por tanto, está lejos de ser ideal, aunque parece claro que no es porque se hubiera optado por la "opción más puramente liberal". ¿Por qué entonces muchos australianos y el principal partido de la oposición se oponen al plan? Evidentemente no es porque no quieran un acceso a internet más rápido y barato, sino porque el coste es astronómico. El Partido Liberal ha propuesto un plan que daría ayudas a las familias menos pudientes para que pudieran contratar una conexión, y apoyado un plan alternativo de las telecos basado en redes inalámbricas 4G que ofrecería aún mejor cobertura; serían unos 2.200 millones de euros, unas catorce veces menos que el plan gubernamental.
Sin embargo, parece que finalmente los contribuyentes tendrán que costear el costosísimo cableado que, además, seguirá la lógica inversa a la del mercado. Estos despliegues suelen empezar por las zonas más densamente pobladas, donde son más baratos y se obtienen más beneficios, que se reinvierten en zonas marginalmente menos rentables hasta que llega el punto en que no merece la pena continuar. En cambio, NBN planea empezar por los dos millones de hogares rurales que serán conectados por fibra óptica, a un coste que se estima que se situará entre 11.000 y 16.000 euros cada uno; es decir, una inversión que jamás será recuperada y que tendrán que pagar todos a través de los impuestos.
¿Por qué? Porque los votos de los diputados independientes que han apoyado la investidura de la primera ministra vienen de distritos rurales. No hay más. Si lo que importara a los laboristas fuera que los australianos estuvieran mejor conectados a internet habrían liberalizado el mercado de verdad, o en todo caso apoyado económicamente el plan alternativo de las telecos. Y, sobre todo, no habrían presentado un plan para instaurar una censura de la red a nivel nacional, plan que con el control total sobre las infraestructuras será mucho más sencillo. Pero políticamente es mucho mejor apoyar un sistema ineficiente que garantizará un buen número de trabajos en zonas rurales mientras se construye la red, así como un subsidio permanente a estas regiones para el acceso a la banda ancha. Pero eso no es la mejor opción para usuarios y contribuyentes. Es simplemente comprar votos.