Perdimos los cagones

Al final, Alejandro Sanz está satisfecho. Después de llamar cagones a todos aquellos a quienes no nos convencía que una comisión administrativa nombrada por el Gobierno tuviera el poder de cerrar cualquier sitio web y mandarnos callar, lo cual demuestra tanto su calidad humana como su gran preparación para opinar en el debate público, ha terminado concluyendo que se ha hecho justicia. Pero Alex de la Iglesia, que después de haberse reunido con algunos internautas notables habrá aprendido alguna cosa sobre la red, reconoce que esto no sirve de nada ni contenta a nadie. Da lo mismo. José María Lassalle ha ganado.

La casta política se muestra sorprendida en ocasiones por la inquina que le demuestra una parte creciente de la población española. Sólo el sistema electoral, que consagra una partitocracia con enormes barreras de entrada para que un posible outsider pueda entrar en política, impide que ese desprecio que siente la mayor parte de nosotros pueda poner en peligro sus poltronas. Así que resulta comprensible que, además de los descerebrados a los cuales les parece que vale todo contra el adversario, personas razonables justifiquen que se ataquen los servidores web de entidades de gestión, partidos políticos o ministerios. Es difícil sentirse representado por un sistema político que tan claramente se pone en contra de sus representados.

No hay casi nadie fuera del establishment mal llamado cultural y la casta política que apoye la ley Sinde. Muchos, sin duda, están en contra porque quieren descargarse cosas y consideran que esta norma les pondrá las cosas más difíciles. Pero permanecemos algunos que consideramos que los ataques a nuestras libertades, sea en nombre de nuestra salud, de reducir la crispación o de proteger los derechos de autor no son admisibles.

En España no son ilegales los sitios web de enlaces a redes P2P, y eso no va a cambiar con la ley Sinde. Esta norma no es más que un apaño que permita cerrarlas por vía administrativa no a pesar de que son legales, sino precisamente por ello. Excepto en aquellos casos en que sus propietarios han preferido llegar a un acuerdo por no querer enfrentarse a un proceso o tener que pagarlo, los jueces han echado abajo sistemáticamente las pretensiones de las SGAE y demás lobbys del gremio. Así que para no decir que la cosa no cambia, los jueces intervendrán no en uno sino en dos momentos concretos del proceso, pero en ninguno de ellos podrán decidir sobre el asunto fundamental: si son legales o no esos sitios web que se pretenden cerrar, si violan los derechos de autor o los cierran porque los culturetas así lo han decidido.

Oponiéndose a la ley, el PP ganaba el afecto de numerosos españoles y se ganaba el oprobio del gremio del artisteo, donde de todos modos es odiado a muerte. Ahora, el liberalismo simpático de Lassalle, ese centrismo arriolesco, ha conseguido que la ley Sinde sea considerada por todos como fruto del consenso de la casta política. Que nos fuéramos al partido liberal y al conservador, decía Rajoy. Al menos aquella vez fue sincero.