Resulta que vamos a pagar un millón de euros para renovar de nuevo toda la parafernalia tecnológica de los señores diputados. Para juzgar lo que se hace en la cosa pública conviene estudiar qué se hace o se haría en entidades privadas de tamaño e importancia similar. Visto desde esta perspectiva parece una decisión lógica; todas las empresas lo hacen y no parece absurdo que nuestros congresistas dispongan de ordenador y móvil conectado a internet "de empresa". Menos sentido tiene que en el paquete también vaya incluido el ADSL de sus casas. O que se haga esta renovación por este montante precisamente cuando muchas empresas alargan la vida útil de las tecnologías que compran todo lo posible.
En cualquier caso, me parece mucho más significativo el texto del pliego en sí mismo. Fíjense alguna de las características que debe cumplir el móvil de sus señorías para ganar este concurso público "objetivo" y nada "arbitrario": "pantalla Retina (o similar)" de 960 por 640 píxeles con una densidad de 325 píxeles por pulgada cuadrada y capacidad para reproducir el formato de audio "AAC protegido (del iTunes Store)". Empiezan por emplear el nombre comercial de una tecnología, como es el de Retina, para terminar obligando a usar un formato propietario que sólo quien lo ha inventado, Apple, puede emplear. Tanto es así que se ven forzados a mencionar la iTunes Store; el formato AAC sin protección es abierto y existen otras alternativas distintas a las de Apple para "protegerlo", es decir, restringir su uso. En resumidas cuentas: la operadora que quiera ganar el concurso debe ofrecer un Iphone 4 o 4S, que aunque no se nombran explícitamente son los únicos capaces de cumplir con los innecesarios requisitos puestos en el pliego.
Lo que nos lleva a la dramática realidad de las administraciones públicas y los concursos "objetivos" para que las empresas privadas compitan en dar el mejor producto al mejor precio, desde la construcción de autopistas hasta el restaurante donde el alcalde quiere llevar a los jubilados por Navidad en un poco disimulado intento de comprar su voto. Si hay interés en hacerlos bien, pueden hacerse bien. Acabo de estar en la mesa que debía elaborar el pliego de un concurso privado y decidir la adjudicación y hubo un gran interés en poner condiciones objetivas y escoger luego a quien mejor las cumpliera. En lo público también se hace así a veces. Pero otras no.
Así, no es raro saber de antemano que un concurso está "dado" a una empresa concreta. Lo que sí resulta poco frecuente es que se denuncie aunque el pliego cante por soleares o el dictamen lo contradiga. Es normal: en estos casos las administraciones adquieren características de mafia siciliana y el ingenuo y atrevido denunciante puede verse no sólo con la seguridad de no volver a ganar un concurso público con dicha administración, sino con el riesgo a verse perjudicado en todas y cada una de las decisiones que le afecten. Y el Estado decide demasiado, incluyendo licencias de apertura de negocios, licencias de obra, licencias hasta para poder rascarse la nariz en la vía pública; el riesgo es demasiado y las denuncias, pocas.
El problema es en parte político y en parte cultural. Cuanto menos poder tuvieran las administraciones, menos riesgo supondría denunciar. Pero es cuestión sobre todo de que estos comportamientos provocarían escándalo en otras latitudes, pero en nuestro país forman parte del paisaje y no hacen enarcar una ceja, no ya cambiar un voto o forzar una dimisión. Y la verdad es que, para esto, casi mejor que los contratos se decidieran abiertamente a dedo. Al menos nos ahorrábamos la burocracia por ambas partes.