La política lingüística parte de estos presupuestos:
1. Los derechos son de las lenguas y no de las personas, con lo que el catalàn queda por encima del derecho de los catalanes a elegir la lengua vehicular de la educación.
2. El catalán es una lengua en peligro.
3. Todos tienen el deber de soportar la carga de su expansión: aprediendo con la lengua oficial que no es la propia o la deseada, y soportando el enorme coste ecómico que supone la imposición del catalán a través de los onerosos medios de que se ha dotado la Gen Cat. para ello.
Ello significa: que quienes viven en Cataluña no son inguales al resto de los españoles: no tienen derecho a estudiar en castellano y deben soportar el coste social i económico derivado de la carga del catalán.
Estamos hartos: queremos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, y no tener que acudir a los tribunales a cada instante para poder ejercer los derechos más básicos; y que quienes quieran el catalán que lo paguen.
Es una batalla perdida. Si en vez de tres familias hubieran sido tres mil, otro gallo hubiera cantado. Pero en Cataluña las quejas sobre el tema lingüístico nunca han pasado del refunfuñar, sin llegar a los tribunales. Cuando se inició la inmersión se vendió la moto a los millones de castellanoparlantes de que el catalán era lengua de progreso porque era la de la burguesía, del empresariado y de los administradores y nadie se quejó. Si hubiera habido una oposición masiva, frontal y ante los tribunales no se habría llegado a esta situación. Ahora es tarde. Y por muchas sentencias que dicte el Supremo, aquí (porque escribo desde Barcelona) se la pasarán por el forro. A lo sumo la aceptarán formalmente, dejarán a los centros la responsabilidad y no moverán un dedo por comprobar su aplicación. Lo dicho, batalla perdida. Haber espabilado antes, al fin y al cabo yo no tengo hijos y domino ambos idiomas.
Las lenguas regionales no tienen razón de ser oficiales cuando en España disponemos de una lengua común para todos. Sólo tiene sentido este disparate para dividirnos, para el secesionismo, la discordia e impedir la movilidad.
Las derivaciones de esta jurisprudencia de terruño que sienta el TSJC pueden ser insólitas. Hasta ahora la relación Administración/administrado en el orden a solicitar por este, algo de aquella, empezaba por estar en el ámbito del procedimiento administrativo, y solo se judicializaba cuando agotada la vía administrativa el administrado buscaba la tutela judicial a través de los tribunales y agotados los recursos en vía administrativa.La insensata respuesta que se ha dado es casi o igual de grave en su forma que en su fondo ya que ...¿está sentando un extraño principio de que las solicitudes a la Administración principien por una demanda judicial?
¿o es sólo en este caso? ¿Y cual va a ser el tipo de proceso para estos supuestos? .La jurisdicción contencioso-administrativa que es la que ha resuelto este caso solo actua contra resoluciones o actuaciones administrativas.
¿No sería lo ordinario que la solicitud de los padres se hiciera en vía administrativa y ante la no aceptación de la mediad resuleta a tú solicitud se fuera a los tribunales pra cada caso?
Al editorialista se le olvida mencionar que en Galicia, en Valencia y en Baleares; dónde manda el PP, TAMPOCO PUEDEN LOS PADRES ESPAÑOLES ELEGIR EN QUE IDIOMA DEBEN ESTUDIAR SUS HIJOS, y también se le olvida decir que el PP tiene mayoría en las dos cámaras para revertir esta situación, como denunció ayer en Intereconomía Vidal Quadras. Así que la pregunta de que va ha hacer el PP está demás: No hará nada. Vota UPYD el único partido español, patriótico y no vendido a los separatistas que nos queda.