Como por otra parte cabía esperar –es obvio que Assange no entró por azar en la primera embajada que se encontró–, Ecuador ha concedido al fundador de Wikileaks un asilo político que resulta, cuando menos, llamativo.
Pero si el caso es ya a priori un tanto sorprendente, la comparecencia en la que el ministro de Exteriores ecuatoriano ha anunciado la decisión de su Gobierno ha sido verdaderamente grotesca, tanto por el fondo como por la forma: es humanamente comprensible que el ministro de un país que no suele tener un papel muy destacado en la escena internacional quiera aprovechar sus cinco minutos de fama, pero el mundo de la diplomacia está sujeto a unas normas y un protocolo en los que la exhibición de Ricardo Patiño están fuera de lugar.
Ahora bien, la representación del ecuatoriano no ha sido nada comparada con la batería de argumentos que ha esgrimido para justificar el asilo a Assange. Para empezar, ha avanzado tantos pasos en el caso como para situar al de Wikileaks en Estados Unidos, cuando por el momento lo que se está discutiendo es su extradición a Suecia. No sólo eso: una vez en EEUU, los ecuatorianos sostienen que podría ser condenado a cadena perpetua o incluso a muerte, "por lo que no serían respetados sus derechos humanos".
Más impresentable todavía es que el Gobierno de Rafael Correa se presente como un adalid de la libertad de expresión, cuando puede que en los últimos años haya sido el mandatario iberoamericano que con más furia ha atacado a los medios de comunicación libres, por encima incluso de la dictadura castrista, en la que ya no queda nada que atacar.
Rafael Correa ha cerrado medios, ha procesado a periodistas y los ha obligado a exiliarse; tiene todo un historial en contra de la libertad de expresión, de ahí que resulte cualquier cosa menos creíble y razonable su reivindicación de la misma.
Por otra parte, conviene no olvidar que Assange no está reclamado por sus más que dudosas prácticas informativas (revelar el nombre y la situación de agentes de inteligencia en terreno hostil no es libertad de expresión sino, como mínimo, una gravísima irresponsabilidad), sino por varios delitos comunes, incluido el de violación.
Los casos en los que se ha visto implicado el fundador de Wikileaks pueden resultar más o menos sorprendentes, pero a un juez de un país tan poco sospechoso como Suecia los cargos en su contra le han parecido de tal entidad que ha dictado orden de prisión contra él. Y a los más altos tribunales del Reino Unido, una nación que si de algo puede presumir es de independencia judicial, también le parecen suficientes para aceptar la extradición. Es decir, diga lo que diga Assange, se está enfrentado a cualquier cosa menos a un proceso sin garantías.
Por último, no es posible dejar de comentar el papel que en esta trama está desempeñando el abogado defensor de Assange, Baltasar Garzón, de cuya pericia judicial debe de tener el de Wikileaks graves sospechas cuando se afana hasta este punto en ahorrarse el juicio. Garzón, con excelentes relaciones con el autoritario Correa, debe de haber desempeñado, sí, un papel importante, con lo que quien dice tener tan alto concepto de la justicia habría vuelto a demostrar que es capaz de hacer casi cualquier cosa con tal de evitar rendir cuentas ante un tribunal de un Estado de Derecho.