El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo no al pacto fiscal que reclama la Generalidad de Cataluña, por no tener cabida en el marco constitucional. Sin embargo, apenas veinticuatro horas después de rechazar el órdago nacionalista, el PP empieza a recular y ahora se muestra dispuesto a reformar, una vez más, el sistema de financiación autonómica. Un cambio que, sin duda, se traducirá en nuevas mejoras, es decir, más dinero, para las arcas públicas catalanas.
El Ejecutivo cede, pues, al chantaje de Artur Mas, le concederá nuevas ventajas financieras con la idea de sofocar la amenaza independentista lanzada por los convergentes. Se trata de una posición inmoral desde todos los puntos de vista, además de inútil e ineficaz, dado que no atajará las ansias separatistas de los nacionalistas. Hace ya mucho que la financiación autonómica dejó de tener que ver con la manera de que las regiones más ricas cedieran parte de sus recursos fiscales a las menos prósperas, para convertirse en una endiablada herramienta de negociación política al servicio de los intereses nacionalistas, tan distintos de los del resto de los españoles.
De hecho, no es la primera vez que asistimos a un proceso como el actual. La aprobación del estatuto catalán, impulsado por el Tripartito –con el apoyo inestimable de CiU– y auspiciado por Zapatero, acabó alterando radicalmente la situación. Del célebre café para todos se pasó a un sudoku de imposible resolución que no hizo desaforar aún más a los nacionalistas, insaciables. La propia aprobación del estatuto se planteó como un órdago al Gobierno central por parte de la mayoría de las fuerzas políticas catalanas. Pero la pugna no fue más allá, puesto que Zapatero aceptó gustoso tales demandas.
Rajoy está actuando de forma similar: ante la imposibilidad de dar luz verde al pacto fiscal, opta por cambiar de nuevo el sistema para de nuevo beneficiar a los nacionalistas catalanes en detrimento de los intereses del resto de los españoles; en primer lugar, de los madrileños, que son, de lejos, los que más aportan a las demás autonomías, muy por encima de lo que aportan los catalanes.
Igualmente lamentable está resultando la actitud del presidente de la (CEOE), Juan Rosell, partidario de que se ceda más dinero a su comunidad pero abiertamente ambiguo cuando se trata de valorar la amenaza independentista de Mas. Rosell es, en teoría, el máximo representante de los empresarios españoles, pero parece que en los últimos días ha cejado en sus funciones y optado por ponerse de perfil en un tema cuya resolución es crucial para el futuro, tanto político como económico, de Cataluña y del resto de España. Si realmente defiende la "unidad de mercado", tal y como manifiesta, debería rechazar frontalmente el desafío secesionista de CiU; en caso contrario, habría de dimitir de inmediato por negarse a cumplir las funciones que tiene encomendadas como máximo responsable de la patronal española.