En enero del año pasado publiqué un artículo que llevaba por título "¿Va Rajoy a derogar lo que no ha querido aprobar?" y en el que me preguntaba, de manera casi retórica, si la previsible victoria por mayoría absoluta del PP en las elecciones generales supondría la derogación de algunas medidas aprobadas por el Gobierno de Zapatero que habían contado con el rechazo del principal partido de la oposición, así como la aprobación de otras que habían sido defendidas por el entonces candidato a la presidencia del Gobierno.
Ahora, un año después de la victoria del PP, puedo constatar que el Gobierno de Rajoy aún no ha acabado con el estúpido uso de traductores de lenguas regionales en el Senado, y que no ha derogado la ley del aborto ni la ley del llamado matrimonio homosexual ni la radical y liberticida ley antifumadores. Tampoco ha tomado medida alguna encaminada a crear nuevas centrales nucleares, o a prolongar la vida de las ya existentes o, en general, a liberalizar algo nuestro demencial y nada sostenible mercado energético, pese a las críticas que el PP, en este asunto, dirigió al presidente Zapatero. Tampoco Rajoy ha tomado a día de hoy iniciativa alguna encaminada a hacer cumplir al Gobierno autonómico catalán las sentencias que también reconocen al castellano como lengua vehicular de la enseñanza o, en general, las modificaciones que el Tribunal Constitucional ordenó hacer en el Estatuto catalán.
A pesar de que la fundación del PP, FAES, tiene publicado desde hace años un espléndido y muy completo estudio sobre la insostenibilidad del actual modelo autonómico, lo cierto es que el Gobierno de Rajoy no ha hecho reforma alguna ni ha ejecutado la supresión de una sola de las muchísimas duplicidades que caracterizan y arruinan a nuestro reino de taifas. Lo más que el Gobierno de Rajoy ha hecho, en este sentido, ha sido anunciarnos, hace escasos días, la futura creación de una comisión de expertos encaminada a estudiar la supresión de las referidas duplicidades.
Junto a estas cuestiones, relativamente menos importantes, a las que dediqué el artículo antes mencionado, hay otras más decisivas para emitir un juicio muy negativo sobre este primer año de legislatura de Rajoy. Me refiero a la gravísima inercia por la que se ha dejado llevar el Gobierno del PP respecto de las negociaciones ya terminadas entre la ETA y el anterior Gobierno de España, y al clamoroso incumplimiento de Rajoy respecto a la forma y el nivel de reducción de nuestro déficit público.
A día de hoy podemos constatar que habrá que esperar algo más que una victoria del PP en las generales para que la Ley de Partidos se aplique a los testaferros de Batasuna, y que el otrora compromiso popular por el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas se ha ido por el camino falsamente reinsertador de la vía Nanclares. Ojalá tenga enmienda en lo que quede de legislatura.
Lo que no va a tenerla, a la luz de lo dicho hace unos días por Luis de Guindos, es la empobrecedora y demencial subida de impuestos aprobada por el Gobierno, con la peregrina excusa de que el déficit dejado por Zapatero era mayor al que se había anunciado y comprometido.
No voy a acusar a Rajoy de candidez o incompetencia por haberse creído que Zapatero no iba a dejar un déficit oculto. Todos sabíamos –incluido Rajoy– que Zapatero iba a dejar un déficit muy superior a ese 6%. Y Rajoy lo sabía mejor que casi todo el mundo, pues él se había encargado de silenciar –previo acuerdo con la entonces ministra Salgado– los déficits autonómicos, que luego resultarían decisivos para que el déficit de 2011 sobrepasase ampliamente ese límite.
Pero la mentira de Rajoy al decir que creía que el enfermo "estaba resfriado cuando en realidad sufría de neumonía" palidece con su letal decisión de no suplir el desfase con una mayor reducción del gasto público que la que tenía prevista y, en su lugar, aprobar una brutal y generalizada subida de impuestos. Esta subida fiscal, anunciada hace un año como "temporal" y que ahora De Guindos dice que va a seguir más allá de 2013, además de ser una losa para nuestra recuperación económica no va a impedir, muy previsiblemente, que Rajoy incumpla también en los objetivos de reducción del déficit, incluido el fijado una vez constatado el agujero dejado por Zapatero.
Algunos dirán que es pronto para enjuiciar el grado de cumplimiento de Rajoy. Bueno, yo me he limitado hablar de "un año de incumplimientos". Para hablar de "dos años de incumplimientos" habrá que esperar al año que viene. O no.