Desde que la expresidenta de Madrid se enfrentase a Cristóbal Montoro en el Comité Ejecutivo del PP del lunes pasado, se han sucedido las informaciones en distintos medios nacionales sobre la fiscalidad madrileña; en las que, curiosamente, los argumentos y los datos utilizados resultan prácticamente idénticos. En estas informaciones sobre la gestión de Esperanza Aguirre se afirma que, en realidad, durante su paso por la Presidencia de la Comunidad no aplicó los principios que defiende ahora. Por el contrario, la filtración sugiere que Aguirre aumentó la presión fiscal en sus dos últimos ejercicios; ésta y otras acusaciones de tenor similar tratarían de convertir a la expresidenta en un caso evidente de hipócrita política.
Sin embargo, por más que les pese a los aduladores del actual ministro de Hacienda, lo cierto es que Aguirre cumplió a lo largo de todos sus años al frente de la Comunidad de Madrid con su promesa de no subir impuestos. De hecho, los bajó siempre que tuvo ocasión, como en el caso del tramo autonómico del IRPF, que es en estos momentos el más bajo de España, o en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que tiene exento el 99% en la región, un nivel bastante más elevado que el habitual en el resto de las autonomías. Eso por no mencionar el Impuesto de Patrimonio, con Madrid convertida en la única región que no aplica ese tributo por la decisión personal de Esperanza Aguirre, después de que José Luis Rodríguez Zapatero recuperase esa figura impositiva a finales de 2011. Todas estas decisiones, dirigidas a aliviar la carga fiscal que soportan los madrileños, han convertido a la comunidad de las siete estrellas en la región con menor déficit desde 2007 y en la que menos deuda pública acumula en términos de porcentaje sobre el PIB.
Como la ejecutoria impositiva de la expresidenta resulta impecable, los ataques de los últimos días van dirigidos contra la subida de tasas de servicios públicos que Aguirre y González han decretado en los últimos dos ejercicios, algo completamente distinto al incremento de la presión fiscal de que se acusa a la comunidad madrileña. Así, por ejemplo, EL incremento en la tarifa del abono transporte sólo es pagado por aquellos que lo usan, mientras que a todos los contribuyentes les afectan subidas del IRPF como las ordenadas por Rajoy y por la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP en el tramo autonómico del impuesto. En este sentido, la tasa es como un precio de un servicio (subvencionado normalmente, porque no cubre la totalidad del coste), y su aumento lo que hace es aproximar el precio de ese servicio a su coste real, permitiendo que sean sus usuarios los que decidan acerca del mismo, sin más distorsiones en el resto de la economía.
El escaso nivel ético de este intento de manchar la imagen política de Aguirre adquiere un viso añadido de patetismo cuando, en lugar de distinguirse por adelantar a la expresidenta en su política de bajada de impuestos, el Gobierno y sus palmeros dedican sus esfuerzos a intentar demostrar que, en el fondo, Aguirre traicionó a sus votantes tanto como lo viene haciendo Rajoy desde hace casi un año y medio.
Lo mejor de todo este asunto es que Aguirre no necesitó de grandes estrategias elaboradas por sesudos comités de expertos para alcanzar el éxito económico. Simplemente se limitó a cumplir el programa del Partido Popular, por más que a algunos les resulte ahora tan doloroso. Más fácil imposible.