Andan algunos últimamente tan preocupados por la crisis institucional, nacional y económica que padece España que no parecen ser conscientes de que el "gran acuerdo" que, por lo visto, quieren que lidere el Rey y suscriban los dos grandes partidos nacionales ya se ha alcanzado. A grandes lineas, consiste en lo siguiente:
- Tanto PP como PSOE se comprometen a mantener el poder judicial como mera correa de transmisión del poder político.
- El modelo autonómico no se toca, salvo para tratar de contentar a los nacionalistas, cuyos proyectos secesionistas no dejarán de gozar, en cualquier caso, de impunidad penal y de financiación.
- Ambos partidos renuncian a hacer cumplir a las comunidades autonómicas cualquier resolución judicial en defensa de la Constitución, empezando por las sentencias contrarias a la inmersión lingüística.
- Cualquier concesión a los nacionalistas aprobada por el Gobierno de Zapatero la mantendrá el Gobierno de Rajoy, incluida la introducción de los traductores de lenguas regionales en el Senado.
- El PSOE podrá defender la reforma laboral aprobada por Zapatero tanto como el PP defender la aprobada por Rajoy, pero ambos partidos se comprometen a hacer caso omiso a la que nos reclaman en este terreno la mayoría de los analistas y nuestros socios comunitarios.
- El Plan Hidrológico Nacional y los trasvases son cosas del pasado.
- La política energética se mantiene, salvo que el PSOE promueva una modificación.
- El Gobierno podrá invocar la necesidad de acometer reformas liberalizadoras y en defensa de la competitividad, siempre y cuando, claro está, no las lleve a cabo.
- El 11-M es cosa juzgada y ETA está derrotada. PP y PSOE se comprometen a seguir maquillando los nauseabundos chantajes de la organización terrorista como si de la llegada de la paz se tratara. Definitivamente, se pasa página al caso Faisán, al caso Ternera y, en general, a todo capítulo que pueda poner en entredicho la vigencia del Estado de Derecho durante los pasados procesos de paz. Las concesiones presentes y futuras a la banda terrorista, ya sea en el ámbito penitenciario, ya sea en el ámbito político, nunca serán presentadas como tales ante la opinión pública; en caso de ser insuficientes, ambos partidos se comprometen a acusar a los terroristas de habernos hecho trampas.
- El ritmo de endeudamiento público no debe ser criticado ni, menos aun, reducido, por lo que sólo se aceptarán reducciones de gasto público en determinadas partidas que tengan por único objetivo convencer a los acreedores que pueden seguir concediéndonos nuevos créditos. La oposición no criticará al Gobierno por ello.
- A efectos de justificar subidas de impuestos, el Gobierno podrá invocar la necesidad de cumplir los objetivos de reducción del déficit, pero en ningún caso cumplirlos ni hacérselos cumplir a autonomías ni ayuntamientos. La oposición no le criticará por ello.
- El Gobierno del PP se compromete a buscar el apoyo del PSOE para volver a la ley del aborto aprobada por Felipe González.
- PP y PSOE se comprometen a mantener el llamado matrimonio homosexual.
Como ven, aunque sea en sus grandes líneas, ese gran acuerdo nacional ya se ha alcanzado. Básicamente cosiste en dejar de lado el programa electoral del partido que ganó las últimas elecciones generales. A la espera de que lo suscriba el Rey, todos conmigo: ¡viva el consenso! Visca!