El reciente golpe de Estado que las Fuerzas Armadas egipcias acaban de realizar contra el Presidente Mohamed Morsi, presenta notables similitudes con el golpe militar turco de 1997, en el que el primer ministro Necmettin Erbakan fue obligado a dimitir por su política de islamización contraria al principio kemalista de separación entre la religión islámica y el Estado.
En efecto, desde el punto de vista geoestratégico, Turquía y Egipto constituyen las dos potencias regionales que delimitan por el Norte y por el Sur el área de Oriente Próximo. En el proceso de constitución de sus respectivas identidades nacionales, tuvieron un papel decisivo las figuras de sendos líderes: el turco Kemal Ataturk y el egipcio Gamal Abdel Nasser.
Ambos tenían como objetivo la implantación de sistemas republicanos en los que la separación entre la religión islámica y las instituciones del Estado eran la condición imprescindible para garantizar la modernización socio-cultural y el desarrollo económico de sus países. Finalmente, ambos lograron implantar sus respectivos proyectos políticos gracias a la creación de unas poderosas Fuerzas Armadas que constituían la columna vertebral del Estado y que gozaban de una fuerte legitimidad popular.
Las expectativas generadas por la rebelión de la Plaza Tahrir, desencadenada en 2011 y que acabó con la Presidencia de Hosni Mubarak, abrieron el camino a unas elecciones presidenciales en las que Mohamed Morsi, con el apoyo político y social de los Hermanos Musulmanes, ganó las elecciones presidenciales de mayo-junio de 2012 pero con unos resultados que evidenciaban tres hechos políticamente relevantes: a) la desafección popular por la política, con una abstención del 53,5% en la primera vuelta y del 48% en la segunda; b) una clara división político-religiosa entre los defensores de estado religioso con el 51,7% de votos y los partidarios de un estado laico que votaron a Ahmed Shafik con el 48,3% de los votos en la segunda vuelta, y c) el desigual reparto del voto islamista, con amplio arraigo en las zonas rurales, y del voto no islamista concentrado en las grandes ciudades entre las que destaca El Cairo.
La política de islamización aplicada por el presidente Morsi mediante unas prácticas claramente autocráticas ha tenido un doble efecto: a) excluir del proceso de transición a la mitad de la población del país, especialmente a las clases medias urbanas, provocando una creciente inestabilidad política debido a la movilización popular de oposición, y b) la parálisis del proceso de recuperación económica al hundir los ingresos por turismo, impedir las entradas de capital extranjero, dificultar el comercio exterior y provocar graves carencias en servicios básicos como la energía eléctrica, el agua y los transportes.
En varias ocasiones, la cúpula de las Fuerzas Armadas tuvo que advertir públicamente sobre las medidas ilegales que adoptaba el Gobierno, como la Declaración Constitucional del 22 de Noviembre de 2012 por la que el presidente pretendía situarse por encima de ley y del control judicial. El Ejército egipcio se ha convertido así en el garante del Estado apelando a su legitimidad popular de raíces nasseristas. El golpe de Estado ha constituido la consecuencia política lógica de esa posición institucional. Ahora sólo falta esperar que, al igual que ocurrió en Turquía, el ejército permita unas próximas elecciones democráticas de las que pueda surgir un presidente que gobierne para todos los egipcios.