Un año después de la muerte de Oswaldo Payá, Ángel Carromero ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha afirmado que la muerte del célebre disidente cubano no se debió a un accidente de tráfico, sino que fue un asesinato a cargo de los servicios secretos castristas. Carromero, que conducía el vehículo siniestrado, asegura que Payá y su compañero Harold Cepero estaban vivos cuando ingresaron en el hospital, y que fue un coche de la Seguridad del Estado de la dictadura comunista lo que los sacó de la carretera. Asimismo, recuerda que Payá había sufrido dos meses antes un incidente similar.
Se entiende perfectamente que Carromero, tras sufrir toda clase de presiones por parte del régimen castrista, accediera a asumir la responsabilidad en un vídeo carente de credibilidad y acorde a la pantomima de juicio que, sin garantía procesal alguna, le condenó a cuatro años de cárcel. Esa autoinculpación y su silencio se entienden también por el pacto que habrían suscrito La Habana y Madrid para traerlo de vuelta a España, donde el Gobierno le concedió inmediatamente el tercer grado y le puso un grillete electrónico en el tobillo.
Una vez en España, el Gobierno debería haber abandonado su tibieza y elevado una denuncia contra la tiranía de los Castro, no sin antes haber dejado en completa libertad a Carromero, tal y como demandan los familiares de Payá. Permitir que este joven siga un día más con ese grillete electrónico no es otra cosa que brindar complicidad y encubrimiento a lo que tiene todas las trazas de haber sido un crimen de Estado, en el que él no habría sido más que un cabeza de turco.
El Gobierno acertó en las negociaciones que lograron traer de vuelta a Carromero. Pero dejar las cosas como están, sin siquiera impulsar en la arena internacional una comisión de investigación independiente que aclare lo sucedido, sería sumir a España en una servidumbre voluntaria ante la dictadura comunista que sojuzga Cuba.
La misma Europa que concedió en 2012 el Premio Sajarov a Payá en reconocimiento a su lucha por los derechos humanos no puede desentenderse del asunto. Ese deber de investigación y denuncia es especialmente exigible al Gabinete Rajoy no sólo porque un español ha sido injustamente inculpado de la muerte de Payá, también porque, no se olvide, el propio disidente cubano tenía nacionalidad española. Sencillamente, no hay excusa, ni diplomática ni de ningún tipo, para abdicar de los principios. Hacerlo sería tanto como dar muerte por segunda vez a Oswaldo Payá y enterrar aquello por lo que entregó su vida.