Es mentira lo que dice la político Irene Rigau, natural de Bañolas, consejera de Educación de la Generalitat: "Hay un difunto y hay heridos, pero la gran víctima es este chico", refiriéndose al caso del nuevo homicida de la ballesta, que mató en realidad con un machete.
La víctima y héroe, entre otras cosas de la fatal gestión de Rigau, y ahora de un acto criminal, fue el joven profesor Abel Martínez, en la treintena, nacido en Lérida, que hacía suplencias en las precarias condiciones en que lo hacen todos los profesores sometidos a un largo peregrinaje kilométrico por cuatro cuartos y sin ninguna estabilidad.
Hace nada que se ha declarado a los profesores agentes de la autoridad para evitar el continuo deterioro de su auctoritas en clase y por tanto Abel puede decirse que ha muerto en acto de servicio. Dado que el agresor es considerado una víctima por la consejera, quien no es nadie para darle esta denominación, como tampoco lo es para diagnosticar un brote psicótico y apoyarse para ello en que "parece que el Hospital Sant Joan de Déu lo confirma", ¿cómo se considera al eterno suplente que ha muerto sin plaza?
Es posible desde luego que el chico homicida sea la gran víctima del sistema educativo de Cataluña, lo que no me sorprendería, pero aquí la verdadera víctima y héroe fue el profesor Abel Martínez, que acudió al oír los gritos en el aula vecina, en defensa de sus compañeros de trabajo y de sus alumnos. Ha llevado a cabo una entrega y generosidad sin límite, como hemos visto en la heroicidad, ésta sí reconocida, de profesores de grandes hechos de violencia en las aulas, como el Instituto Columbine o la Universidad Virginia Tech. También son víctimas los demás heridos, objetivo de un chico de trece años que presuntamente había confeccionado una lista negra, jugaba en casa con ballestas, adoraba las armas y, supuestamente, el libro destacado de sus lecturas era uno encontrado en su biblioteca: Zombi, guía de supervivencia, de Max Brooks, que es una obra hilarante, probablemente no recomendada por sus profesores, y de la que seguro que no ha entendido nada.
Aunque no me gusta en absoluto la Ley del Menor, que los políticos no se deciden a modificar adaptándola a la realidad, la respeto mientras esté en vigor, de modo que justifico el hermetismo en torno a las circunstancias precisas del agresor. Pero creo que se ha hablado poco de la heroicidad de Abel Martínez, no se exalta su entrega –en especial por parte de la responsable última de todas las deficiencias educativas de la Generalitat– y nadie ha fijado todavía quién se hará cargo de los cristales rotos.
El chico es inimputable según la ley, pero ¿y sus padres? ¿Indemnizarán los padres del agresor a la familia del fallecido? ¿En cuánto puede estimarse la vida de Abel Martínez, agente de la autoridad muerto en acto de servicio? ¿Serán 180.000 euros más o menos? ¿Es el departamento de Elena Rigau el responsable civil subsidiario?
El profesor Martínez fue víctima de una puñalada o mojada, como dicen los delincuentes, mortal, cosa que no puede ser casualidad. Matar a cuchilladas es una especialidad difícil de la delincuencia y nada fácil contra un hombre joven y deportista como era Abel. Todo lo cual avala la más que posible premeditación, que sería incompatible con el brote psicótico.
La víctima que señala Rigau ha obtenido desde el primer momentos los mimos excesivos de la Ley del Menor a los delincuentes juveniles especialmente violentos, pero ¿y la familia del fallecido? ¿Quién la atiende, quién la consuela, quién la reconoce, apoya y mitiga su dolor? Aquí las víctimas siguen siendo las grandes olvidadas.
La consejera Rigau, psicóloga de formación, debería ser consciente de que sus actos tienen que ser ejemplares para la comunidad de educandos. Debe saber por tanto definir con precisión los hechos, hablar de víctimas y verdugos rigurosamente y dejar los diagnósticos para los médicos. Como política basta ya de utilizar presunciones para echar balones fuera. Y céntrese la señora en otorgar honores al profesor Abel Martínez, que salió de su precariedad laboral para ofrecerse generosamente a cumplir la nueva tarea, no remunerada, de agente de la autoridad.