Se ha dejado a otra mujer en manos de su presunto asesino. Pese a que la Guardia Civil había hecho sonar las alarmas. La jueza del caso no estimó que debiera tomar medidas cautelares o dictar orden de alejamiento. Ni proteger de forma especial a la señora, que había recibido una brutal paliza, por lo que estaba en el hospital en coma con una traqueotomía que si hubiera despertado le habría impedido hablar. Y contar lo que le pasaba.
Es posible que el presunto asesino decidiera eliminarla en cuanto supo que estaba evolucionando bien y llegaría el momento en que podría denunciarle. La incompetencia preventiva la había dejado inconsciente y muda en manos del presunto asesino desde el mismo momento en que la subieron a planta y permitieron a su pareja, de la que ella quería huir, que estuviera a solas en la habitación.
Solo un detalle terrorífico más: el presunto asesino tiene 74 años y la fallecida 65. Forman parte presuntamente de ese grupo de crimen envejecido de los maltratadores que durante décadas amenazan de muerte a sus esposas y juran que les darán muerte antes de expirar. Cosa que a menudo cumplen.
Es la primera víctima de la violencia doméstica en Galicia y la decimoprimera de las que se han anotado ya este año en el resto de la Piel de Toro. Lo normal es que cada año, ante el fracaso estrepitoso de la política preventiva, vengan muriendo más de medio centenar de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Eso, tras dos décadas de supuesta lucha contra la mal llamada violencia de género, invento sociológico que desnaturaliza lo que no es otra cosa que una manifestación más de la peor delincuencia.
Las mujeres maltratadas, tras muchos fracasados observatorios contra la violencia de género, concejalías de igualdad y otros inventos, no han recibido ni siquiera el beneficio de una pequeña parte de concienciación y sensibilidad social. A nivel mediático, el único programa específico de lucha contra esta lacra lo puse en marcha yo en RNE de España: Tolerancia Cero, probablemente el espacio más premiado de este tipo, lo que no impidió su supresión silenciosa cuando todavía le quedaba tanto por hacer.
De modo que el fenómeno está por explicar, lo que se habla no se ha entendido y la lucha contra la primacía del maltratador se viene perdiendo año tras año al margen del triunfalismo político.
La decisión de la jueza que ha llevado el caso de Verín (Galicia) no ha tenido en cuenta el muy nombrado Observatorio Contra la Violencia de Género del propio Consejo General del Poder Judicial, incapaz siquiera de concienciar a los propios jueces como queda demostrado.
El caso de Verín comenzó con la mentira descubierta por la Guardia Civil: el marido declaró que la esposa, ahora muerta, había sido atacada por desconocidos mientras él dormía en la habitación de arriba. Los agentes descubrieron que la cama en la que decía haber estado descansando no había dormido nadie, puesto que las sábanas no tenían ni una arruga. El resto de las mentiras del mismo jaez fueron igualmente desmontadas. La conclusión fue el informe que advertía que era preciso vigilar al sospechoso y proteger a la víctima. Su Señoría, pese a la evidencia, no lo estimó así. ¿Va a hacer algo el gobierno de los jueces, también llamado Consejo General del Poder Judicial? ¿Puede haberse dado un exceso de legalismo en un asunto que está tan claro para los profesionales de la policía?
No nos engañemos: los fracasos en la lucha contra la violencia doméstica que el mundo guay prefiere llamar violencia de género son una responsabilidad política. El arte de encargar la resolución de los conflictos a quienes no los entienden, impedir la conveniente divulgación de la realidad criminal en los medios de comunicación, ante el temor de que el poder político salga perjudicado por ser incapaz de combatirlo, es una responsabilidad política; y las estadísticas triunfales, los observatorios caros e innecesarios, son solo una forma de pintar la mona, mientras las mujeres mueren desprotegidas.